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Diputados ‘evistas’ solicitan imputación de Marcelo Arce por tráfico de influencias en caso ‘Marcelitio’

  • Se presentan pruebas de supuestos negociados con el litio en un controvertido caso

La esfera política boliviana se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, con la revelación de una solicitud de imputación contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del actual presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, por presunto tráfico de influencias relacionado con el litio. Este escándalo ha sido bautizado como el «caso Marcelitio» y ha sido propulsado por un grupo de diputados afines al Movimiento al Socialismo (MAS).

El diputado Renán Cabezas, vocero de esta iniciativa, anunció que han formalmente requerido a la Fiscalía la imputación de Marcelo Arce por el delito de tráfico de influencias. Según Cabezas, esta petición se sustenta en una serie de indicios, entre los que destacan los comprometedores audios presentados por el expresidente Evo Morales. En dichos registros, se escucha a Arce Mosqueira supuestamente discutir planes relacionados con el litio, afirmando que su padre le habría encomendado la gestión de este recurso estratégico.

Este desarrollo ha generado interrogantes sobre la transparencia y la objetividad del Ministerio Público en el manejo del caso. Según Cabezas, existe una preocupación de que la institución esté sometida a la influencia del Gobierno, lo que podría comprometer la imparcialidad de la investigación. No obstante, el diputado hizo un llamado al Fiscal General, Juan Lanchipa, para que aborde el caso con seriedad y sin sesgos políticos.

«Si no lo hacen (la investigación), se va a generar responsabilidades. Algún rato ellos también le van a tener que rendir cuentas al Estado, a la justicia. No genera mucha confianza el Ministerio Público, pero le pedimos a Lanchipa que sea serio. Lanchipa, la patria le ha elegido para que usted le defienda y para que se haga este tipo de investigaciones», expresó el diputado Cabezas.

El caso «Marcelitio» promete seguir siendo un tema de gran relevancia en la política boliviana, ya que involucra a un miembro de la familia presidencial y plantea cuestionamientos sobre la integridad de las instituciones encargadas de velar por la justicia en el país. La sociedad boliviana estará atenta a los próximos pasos de esta controversia, que podría tener implicaciones significativas en el ámbito político y legal de Bolivia.

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