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Cooperativistas mineros anuncian medidas de presión a partir del 6 de noviembre

  • Demandan atención a ocho puntos sectoriales que afectan a 80 mil asociados

Los cooperativistas mineros dedicados a la extracción de oro han anunciado una serie de medidas de presión que comenzarán a partir del próximo lunes 6 de noviembre, con la intención de presionar a las autoridades para que atiendan sus demandas sectoriales. La decisión de movilización fue comunicada por el dirigente Ramiro Balmaceda, quien expresó su preocupación por la falta de respuesta por parte del Gobierno a sus reclamos.

«Voy a solicitar las disculpas necesarias a los otros actores sociales, como el sector del transporte, los gremiales, entre otros, porque el día lunes 6 de noviembre, el sector de las cooperativas mineras auríferas nos vamos a encontrar en movilización, también posteriormente con bloqueos de caminos», declaró Balmaceda.

El líder cooperativista destacó que han otorgado un plazo al gobierno central para que atienda sus peticiones y hasta el momento no han visto la voluntad política necesaria para resolver sus demandas.

En total, los mineros auríferos han presentado ocho puntos de exigencia a las autoridades. El primer punto se refiere al ámbito legal, donde solicitan que el Tribunal Constitucional resuelva de manera definitiva la situación de su personería jurídica. En segundo lugar, demandan la restitución de la personería jurídica de la Federación Integrando La Paz.

Además, solicitan garantías de seguridad jurídica para todas las cooperativas en contra de los avasallamientos, la anulación de una resolución administrativa emitida en julio de este año, la promulgación del proyecto de ley del régimen tributario, la aprobación de los contratos administrativos mineros por parte de la Asamblea Legislativa, reconocimiento sobre las inversiones efectuadas en el seguro médico delegado y financiamiento para la mecanización y tecnologías en su sector.

Según estimaciones de Balmaceda, el sector de las cooperativas mineras auríferas está compuesto por alrededor de 80 mil asociados, lo que, sumando a sus familias, representa unas 300 mil personas que tienen estas peticiones. La movilización a partir del 6 de noviembre busca presionar a las autoridades para que den respuesta a estas demandas que afectan a una gran cantidad de bolivianos.

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