Caso Huayllani: 16 policías y militares fueron procesados por 10 muertes

Transcurridos casi tres años de la intervención militar-policial a la marcha de los cocaleros del Chapare en la zona de Huayllani. en Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre de 2019, durante los conflictos poselectorales, 16 uniformados están siendo procesados por las 10 muertes y más de 100 heridos, pero aún no hay fecha para el juicio oral que las víctimas exigen.

“Ya van a ser tres años y aún no hallamos justicia por nuestros muertos. Se hará justicia cuando se realice el juicio oral y todos los involucrados vayan a la cárcel”, afirma María Javier, representante legal de las víctimas de Huayllani.

Hace tres años, en medio de los conflictos sociales a escala nacional tras las fallidas elecciones nacionales de 2019, que desencadenó en la renuncia de Evo Morales como presidente de Bolivia, una multitudinaria marcha de campesinos y cocaleros del Chapare pretendía ingresar al centro de la ciudad para exigir la renuncia de Jeanine Añez, quien había asumido el poder.

La masiva concentración fue retenida en el puente Huayllani, pero después de varios intentos fallidos de pacificar a los manifestantes, los policías y militares que se encontraban en el lugar en un operativo combinado utilizaron la fuerza con armas, gases lacrimógenos y otros agentes químicos.

Los cocaleros se defendieron con dinamitas, bazucas artesanales, palos, piedras, petardos, hondas y otras armas contra los uniformados de la Policía y de las Fuerzas Armadas, según el testimonio de periodistas que cubrieron los hechos de violencia.

Como resultado del enfrentamiento armado una decena de cocaleros perdieron la vida, algunos con heridas de bala, y más de 100 resultaron heridos en los enfrentamientos.

Las víctimas

Don Ángel (nombre convencional), de 65 años, camina a paso lento y habla pausadamente. Los enfrentamientos del 15 de noviembre de 2019 en Huayllani le dejaron visibles secuelas.

Cuenta que ese día, por la tarde, se encontraba con un grupo de compañeros de su sindicato cuando se escucharon sonidos muy fuertes semejantes a explosiones. Segundos después la gente comenzó a correr y abalanzarse en multitud.

No sabía lo que sucedía. Sólo se limitó a correr. “Fue más mi curiosidad que me fui acercando al puente (Huayllani) y de ahí algo me llegó a mi cabeza y perdí la conciencia, ya no recuerdo bien lo que pasó”, relató don Ángel a Página Siete.

Un objeto, quizás una piedra, le golpeó la cabeza y a consecuencia de los gases lacrimógenos se desmayó. Cuando recobró la conciencia tenía un brazo fracturado. Desde entonces su vida no volvió a ser la misma. Ya no puede trabajar en su chaco y depende económicamente de su esposa y de sus hijos.

De acuerdo con María Javier, las víctimas de Huayllani y sus familiares viven con secuelas físicas y psicológicas de los ataques de ese fatídico 15 de noviembre. Desde entonces buscan que se haga justicia.

Entre las víctimas y sus familiares se organizaron y conformaron una asociación que agrupa a más de 100 personas. Hacen seguimiento a los procesos penales de los acusados y están atentos al avance de las pesquisas.

“La mayoría vive con secuelas, una pequeña parte retornó a sus actividades cotidianas, como solía hacerlo. Casi el 100% se dedicaba a la agricultura, que es un trabajo que requiere fuerza. El 90% no ha vuelto a trabajar, sigue en terapia física y psicológica”, asegura Javier.

Recuerda los casos de Saturnino y Leopoldo, quienes no pudieron retornar a sus trabajos, sobre todo Leopoldo, porque tiene el riesgo de volver a fracturarse su pie si realiza algún tipo de esfuerzo físico.

El año pasado, el Estado, a través del Ministerio de Salud, comprometió la devolución de los recursos económicos en temas de salud a las víctimas de Huayllani. Sin embargo, este beneficio no llega a todos porque —según Javier— deben presentar facturas del tratamiento, pero no siempre pueden acceder a este documento.

“Existe un decreto, pero tampoco les han podido devolver todo (el dinero que gastaron) porque para todo tienen que presentar factura y muchos familiares por acceder a una rebaja o por desconocimiento de este decreto no han podido justificar”, lamenta Javier.

Los acusados

Por la denominada “masacre de Huayllani” 16 personas —entre militares y policías— están siendo procesadas e investigadas. Son acusadas por los delitos de genocidio, asesinato y tentativa de asesinato y otros.

De los 16 procesados, algunos guardan detención preventiva en diferentes cárceles de Cochabamba y otros fueron beneficiados con detención domiciliaria, medidas sustitutivas y fianzas.

Entre los acusados están: Franz V., del Grupo de Artillería y Defensa Aérea 92, que habría comandado un grupo de élite. En julio de 2021 fue enviado al penal San Pedro, de Sacaba, acusado de asesinato y tentativa de asesinato. En enero de 2022, Óscar C. y Boris P. fueron enviados con detención preventiva a la cárcel de Arani y San Pedro de Sacaba, respectivamente. Desde julio de este año Pablo G. e Iván I. están en el penal de San Pedro de La Paz por cuatro meses. Aldo B. y Moisés M. están con detención domiciliaria con custodios y se les fijó una fianza juratoria de 150 mil bolivianos.

A principio de octubre de este año, el excomandante de la Séptima División del Ejército de Cochabamba Genaro R. fue enviado a San Pedro por tres meses, luego de su aprehensión en La Paz. El general Alfredo C. tiene domiciliaria con derecho al trabajo, mientras que el excomandante de la Policía Jaime Z. se defiende en libertad.

Pese a que los acusados ya fueron “cautelados”, para las víctimas de Huayllani aún no se hizo justicia mientras no comparezcan en un juicio oral. “No tenemos en agenda el juicio. Nos hubiera gustado que por lo menos esté programado el juicio para una fecha determinada, pero no hay nada, siguen las investigaciones. Eso nos preocupa, queremos justicia, que los autores de la masacre paguen por las muertes”, dijo Ángel.

La Asociación de Víctimas de Huayllani exige que Añez, quien actualmente cumple sentencia de 10 años en la cárcel de Miraflores de La Paz, sea procesada en un juicio ordinario y no un juicio de responsabilidades.

Junto a ella también piden que sean juzgados sus exministros Arturo Murillo y Fernando López, quienes fueron declarados en rebeldía.

En el kilómetro 10 de la avenida Villazón, carretera que une a Cochabamba con Santa Cruz, los vecinos y familiares armaron un altar a las personas que fallecieron durante el enfrentamiento armado del 15 de noviembre de 2019. Ese día nueve murieron con heridas de proyectil, mientras que el décimo falleció al cabo de siete meses de agonía en terapia intensiva de un hospital.

La visita al altar por parte de familiares, amigos, vecinos, desconocidos o curiosos es constante. Algunos llegan al lugar para recordarlos, rendirles homenaje o porque los consideran una suerte de entes “milagrosos”.

En el altar, que está rodeado de flores y velas, están las fotografías de cada uno de ellos con la inscripción de sus nombres, el nombre de su federación, el lugar y la fecha del deceso.

Según el Comité de Defensa Nacional de la Democracia

“Evo, Leonardo y Andrónico son los autores intelectuales”

En criterio de la representante del Comité de Defensa Nacional de la Democracia (Conade), Lizeth Beramendi, los verdaderos autores intelectuales de los hechos sangrientos de Huayllani son los líderes del MAS, dirigidos por Evo Morales junto a Leonardo Loza y Andrónico Rodríguez, ahora senadores los dos últimos.

“El caso de Huayllani ha sido promovido por el MAS, específicamente por Evo Morales, que llevó a ese resultado (10 muertos y más de 100 heridos) fruto del innecesario enfrentamiento. Hasta ahora no se sabe la verdad histórica de cómo sucedieron exactamente los hechos. Hay mucha impunidad para los masistas y una persecución en contra de policías, militares y activistas. Como Conade, denunciamos que los autores intelectuales de la matanza de Huayllani y Senkata hoy están libre, ellos son: Evo Morales, quien públicamente llamó a la violencia, a Leonardo Loza y Andrónico Rodríguez y otros dirigentes del MAS”, precisó.

La activista y exasambleísta departamental considera que existe parcialización del Ministerio Público porque sólo inició procesos e investigaciones a militares, policías y activistas basándose en argumentos “políticos y no jurídicos”, mientras que dejó en la impunidad los demás hechos de sangre en los conflictos poselectorales, como los del puente Huayculi, en Quillacollo, y en la EPI Sur, Cochabamba.

“Existe una persecución político judicial. Hoy en día hay muchos presos y no se ha podido demostrar su participación de lo que hicieron o cómo sucedieron los hechos de esos días. El Ministerio Público ha dejado en la impunidad los otros hechos de violencia en Cochabamba. Hubo muertos en Huayllani, pero también en el río Huayculi y los responsables fueron liberados, los casos han sido cerrados”, lamentó Beramendi.

A principios de noviembre de 2019, durante los bloqueos en la avenida Blanco Galindo, Limberth Guzmán, de 20 años, perdió la vida producto de enfrentamientos con campesinos afines al MAS.

El 11 de noviembre de ese mismo año, una turba de manifestantes afines al masismo ingresó con violencia a las instalaciones de la Estación Policial de la zona Sur, donde saqueó y quemó las instalaciones de la institución del orden.

Fuente: Pagina Siete

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