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4 encarcelados por crímenes que no cometieron ahora claman por justicia

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Dos hermanos, un instructor en manejo armas y un maestro cerrajero fueron encarcelados por crímenes que no cometieron. Ahora claman por justicia y el resarcimiento de daños. Todos ellos afirman que debido a las políticas de Gobierno, en la justicia boliviana no se respeta la presunción de inocencia. Sostienen que, al contrario, para la Fiscalía “uno es culpable hasta que demuestre lo contrario”.

“Mis primos, inocentes, están detenidos en el penal de Quillacollo desde julio, imputados por el robo de más de medio millón de bolivianos de las oficinas de la Alcaldía de Independencia (Cochabamba). Los fiscales Jair Jesús Mérida y Alfredo Guzmán presentaron como prueba de su acusación ante el juez la declaración de una testigo, Fanny Blanco”, relató el médico Hernán Ponce.

Pero días después, el caso daría un giro. “Esa señora (Blanco) se retractó y reveló que le prometieron el pago de 25.000 bolivianos y un trabajo en la Alcaldía a cambio de que acuse a mis primos”, reveló Ponce.

Falsa testigo

Los familiares del galeno son los hermanos Wilder y Gonzalo Ponce Argote. El primero contador público, exfuncionario de la Alcaldía, y el segundo agricultor y músico guitarrista premiado. El robo del que fueron inculpados se cometió en la oficina del cajero del municipio el 7 de julio.

Semanas después, el 28 del mismo mes, sin avances en la investigación y sin rastros del dinero -destinado al pago de salarios de los trabajadores- apareció Fanny Blanco y señaló a los dos jóvenes. Sin embargo, luego de enterarse de que su testimonio fue usado para enviar a la cárcel a dos inocentes, la testigo se presentó ante los mismos fiscales y se retractó.

Dijo que su conciencia no la dejaba en paz luego de escuchar que uno de los hermanos fue torturado por los policías que llegaron de Cochabamba. Fue así que el 18 de agosto, en un proceso por falso testimonio abierto en su contra en Quillacollo, la humilde vendedora de comida reveló ante otro fiscal los nombres de quienes la buscaron y le pagaron 2.100 bolivianos para que acuse a Wilder y Gonzalo.

La mujer relató que -en complicidad con dos policías- el jefe de personal del municipio, Antonio Loayza (detenido); el asesor legal, Macario Díaz (con detención domiciliaria); el secretario municipal, Germán Condori; y otro personero planificaron la elaborada declaración que le hicieron firmar el 28 de julio, en la que involucró a los dos hermanos Ponce en el robo del cual ni siquiera fue testigo.

Por si fuera poco, Blanco contó que el documento fue rubricado en la cocina del investigador del caso, Jesús Ariel Arroyo Navía.

“Se aprovecharon de mi necesidad, soy la única que mantiene a mis cuatro hijos y a mis padres que no pueden trabajar. Me prometieron trabajo en la Alcaldía y el 5% de lo que se había perdido (25.000 bolivianos). No sabía lo que querían hacer y ahora he recibido llamadas con amenazas de muerte”, fue una de las declaraciones que Blanco dio ante su comunidad en una de las varias asambleas que se realizaron en Independencia por este caso.

En una de esas reuniones, ante toda la población, tal como quedó registrado en la transmisión de Facebook de medios locales, Blanco entregó al fiscal Guzmán 2.100 bolivianos que le pagaron los funcionarios de la Alcaldía, en lugar los 25.000 que le habían ofrecido al inicio.

“Nada de esto bastó para la justicia, hasta ahora tres jueces negaron la libertad a mis primos pese a que otro de los involucrados también ha declarado que quien está detrás de este autorrobo es el alcalde Pedro Quiroz”, afirmó el médico Ponce.

El galeno reside en Brasil, desde donde sigue el caso con el apoyo de los abogados Tom Prieto y Boris Mancilla.

“Lo que pasa es que con este Gobierno los administradores de justicia fueron puestos por apoyo político. Estos jueces no toman en cuenta las pruebas de que mis primos no estuvieron en el lugar el día del robo, ni la confesión de la ‘falso testigo’. Y para la Fiscalía, en Bolivia, uno es culpable hasta que demuestre lo contrario”, concluyó el médico.

Hernán Ponce aseguró que además de la declaración ante la Fiscalía, tienen un audio en el que se escucha al exjefe de personal, Antonio Loayza, detenido en el mismo penal que sus primos. En el audio, Loayza admite que siguió órdenes del alcalde Pedro Quiroz y da detalles sobre cómo se hizo el plan contra los hermanos.

Dentro de este caso, el jueves fue aprehendido el cajero del municipio, Wilder Quiroz, de quien se investiga si tiene parentesco familiar con el Alcalde de Independencia, por el apellido. El viernes, el juez cautelar de Morochata, Omar Blanco Fuentes, determinó su detención preventiva por tres meses.

Sin embargo, para el abogado Prieto, la detención de Quiroz no representa un avance, debido a que en su criterio, el funcionario debió ser el primer investigado por los fiscales. También criticó que el juez incurra en una postura “nada imparcial” hacia sus defendidos, debido a que les niega su libertad, sin valorar las pruebas de su inocencia.

“Nos viene denegando las sesiones a la detención preventiva de manera por demás ilegal, prevaricadora, hay que decir las cosas claras. En ese contexto, nosotros vamos a acudir al Ministerio de Justicia y a la Defensoría del Pueblo”, afirmó Prieto en entrevista con Unitel.

Audio de Pacajes

Un segundo caso, sobre procesos y el encarcelamiento de un inocente, fue el registrado en enero de 2014 contra el instructor en manejo de armas Romel Cardozo la Fuente, autor del audio de la exjueza Patricia Pacajes. En esa grabación, la exmagistrada confesó, entre copas y vociferaciones, que sentenció sin pruebas científicas a 20 años de cárcel al médico Jhiery Fernández, por una violación de la que nunca fue víctima el bebé Alexander.
Romel Cardozofue detenido en 2018 por la denuncia de violencia de la jueza Patricia Pacajes.
Foto: Archivo

El 17 de enero de 2014, Cardozo fue aprehendido en su departamento en un aparatoso operativo realizado por cuatro grupos especiales. Al día siguiente, su caso fue presentado por el entonces ministro de Gobierno, Jorge Pérez, como el arresto de un exagente de la DEA, quien tenía en su poder un arsenal.

Casi desnudo, en sandalias y sin dinero, Cardozo fue maniatado y llevado a celdas policiales y luego sometido a una audiencia cautelar en la que se determinó su encarcelamiento, a pedido del fiscal Félix Ugarte, denunciado múltiples veces por corrupción.

El proceso en su contra se inició por una supuesta tentativa de feminicidio, luego de una discusión con su pareja, quien en venganza lo señaló por tener “un arsenal”. Lo de las armas era verdad, pero cada una tenía un registro legal y eran de uso deportivo, tenía los registros en el mismo lugar, nadie lo escuchó.

Cardozo recordó que la mujer estaba en una etapa final de divorcio con el edecán del entonces ministro de Defensa, Reimy Ferreira. “No fue un operativo, fue un atraco a mi casa en busca de esas armas. Yo había vendido mi carro un Suzuki Baleno y tenía 18.000 dólares y 7.300 bolivianos en mi casa. Tenía una colección de relojes y de navajas Victorinox, además de unas 300 fundas de pistolas importadas legalmente”, recordó Cardozo.

Lo mantuvieron preso cuatro meses en el penal de San Pedro; fue su persistencia la que hizo que varios de los policías que intervinieron el lugar regresen parte de lo sustraído en su domicilio, pero la mujer no restituyó el dinero que se llevó con autorización del fiscal. El acta de secuestro fue firmada por el edecán del ministro.

Cardozo vivió más de un año durmiendo en casa de amigos porque no desprecintaban su departamento. Ni el ministro ni los medios que publicaron su nombre siguieron el caso después, excepto El Diario.

Cerrar ambos procesos le llevó años y lograr que admitan la denuncia contra todos otros varios meses. A la fecha no hay ningún detenido.

Irónicamente, la exjueza Pacajes, que fue a dar a la cárcel por el audio revelador, que dio paso a la ansiada libertad del médico Fernández en 2018, le abrió un proceso por violencia familiar. Ése sí avanzó.

El caso llegó a etapa de juicio a insistencia de los fiscales y de ser hallado culpable, Cardozo podría ir nuevamente a la cárcel. “Quiero que jueces y fiscales se den cuenta de que no son intocables, que están llamados a cumplir y hacer cumplir las leyes, no a violarlas ni a destrozar vidas”, dijo en una entrevista que dio a Opinión en 2018, cuando le preguntaron por qué había grabado y entregado a los medios el audio de la jueza Pacajes.

Su valiente acción le dejó varios enemigos entre los administradores de justicia. Cardozo aún no halla quien repare y pague por todo el daño causado durante su injusta detención.

Maestro cerrajero

Si se multiplican 150 bolivianos por los días hábiles de los dos años y dos meses que el maestro cerrajero Reynaldo Ramírez Vela dejó de trabajar, debido a que fue encarcelado y condenado por un feminicidio que no cometió, la jueza del Tribunal 12 de Sentencia de Santa Cruz, Janet Mojica, el sargento Gonzalo de la Barra y el fiscal Marcelo Delgadillo le deberían aproximadamente 78.000 bolivianos.

A esto se deberían sumar primero, los 400 bolivianos que Reynaldo asegura que pagó al gobernador de Palmasola cuando ingresó a ese penal en mayo de 2015, por dejarlo vivir en un pabellón más seguro. Se debe añadir el costo de su comida, el alquiler del lugar donde durmió, el gasto por el alojamiento y los viajes que hicieron sus familiares desde Cochabamba, además de los honorarios de los abogados.

Ramírez aún no se anima a calcular cuánto costaría pagar a sus carceleros el dolor que le causaron a su madre, a su familia y el trauma que aún persiste en su propia vida. Lo que sí tiene firmado en un papel es el precio por el cual tuvo que vender su casa, dinero que luego de salir de la cárcel usó para pagar la deuda que tenía con sus familiares.

El 25 de noviembre de 2014, en Santa Cruz, se reportó el feminicidio de Verónica Menacho Chilo, de 22 años, cuyos restos se trato de incinerarlos. El hecho conmocionó a la ciudadanía.

En mayo de 2015, la Policía anunció que capturó al autor del crimen, al que supuestamente había identificado gracias a un video en el que aparecía el asesino, al salir de la escena del crimen. No se distinguía el rostro, pero para la jueza, el policía y el fiscal “las pruebas eran contundentes”; bastó que el hombre tuviera una contextura similar a la de Reynaldo.
El capitán Cristian Sánchez y Reynaldo Ramírez en 2017.
Foto: Correo del Sur

Fue con ese argumento que sentenciaron a Reynaldo a 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Pero en mayo de 2017 se hicieron públicos los resultados de una pericia informática y un informe que reveló la verdadera identidad del asesino de Verónica, el que fue capturado gracias al trabajo del capitán Cristian Sánchez.

“Alertamos dos veces al fiscal encargado del caso pero no se valoró la información. Lo hicimos antes de la sentencia. La última vez fue en 2015”, aseguró Sánchez en 2017. Reynaldo logró su libertad a raíz de esa revelación, pero el mérito fue llevado al ámbito político y el entonces ministro de Justicia, Héctor Arce, anunció que como una medida de reparación, le darían trabajo en esa cartera de Estado.

La medida fue pasajera y al poco tiempo Reynaldo quedó sin trabajo. “Fue todo político esa parte, incluso una funcionaria del Ministerio de Justicia me amenazó si yo volvía a decir de que esto fue culpa del Gobierno y de su sistema de justicia (…) Ahora yo me siento bloqueado, mi vida está paralizada por un sentimiento que no puedo sacarme para trabajar con normalidad. Hay actitudes de la gente que te desaniman”, afirmó Reynaldo en contacto con Página Siete.

La denuncia contra sus acusadores llegó a etapa de juicio, pero para Reynaldo le es difícil seguir el proceso desde su natal Cochabamba, a donde regresó por falta de un trabajo estable en Santa Cruz. El inicio del juicio contra sus acusadores se suspendido cinco veces y otros abogados le afirmaron que la jueza Mojica continúa ejerciendo el cargo en otro municipio.

“Lo que pasa es que, con este Gobierno, los administradores de justicia fueron puestos por apoyo político”.

Hernán Ponce

“Estos jueces no toman en cuenta las pruebas. Y para la Fiscalía, en Bolivia, uno es culpable hasta que demuestre lo contrario”.

Hernán Ponce

“Quiero que jueces y fiscales se den cuenta de que no son intocables, que están llamados a cumplir y hacer cumplir las leyes”.

Fuente: Pagina Siete

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