Cívicos y opositores rechazan auditoría

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Los cívicos del país y opositores rechazaron la auditoría que realizará la Organización de Estados Americanos (OEA) al proceso electoral del pasado 20 de octubre, porque no confían en los resultados que emita ese organismo internacional por la cercanía con el partido en gobierno. Exigen la anulación del proceso eleccionario por las diversas irregularidades que se registraron en el sistema de transmisión de actas.

El candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, rechazó la auditoría que será realizada por la OEA por las condiciones que están enmarcadas en el documento suscrito entre el secretario general de ese organismo, Luis Almagro, y el canciller, Diego Pary, en representación del Estado boliviano.

“La auditoría acordada entre la OEA y el candidato del MAS no ha sido consultado ni al país ni nuestras condiciones, principalmente las de desconocer los resultados del cómputo realizado por el TSE y la necesaria participación de representantes de la sociedad civil en el proceso”, manifestó el opositor.

El pasado martes, tras una reunión de los dirigentes cívicos de Chuquisaca, La Paz, Tarija, Oruro, Potosí y Santa Cruz acordaron rechazar ese proceso de peritaje y exigieron que se realice un nuevo proceso de elección. Advirtieron que este proceso debe ser administrado por otros vocales elegidos, a través de un pacto social y pidieron la renuncia del binomio del oficialismo, Evo Morales y Álvaro García.

CONDICIONES

El ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary, informó que el hoy comenzará la auditoría por el organismo internacional, a través de un comunicado la OEA señaló que llegarán un total de 30 personas expertas en temas electorales y peritajes. La autoridad confirmó que el resultado de ese proceso será vinculante.

Bolivia debe garantizar todas las facilidades para realizar la auditoría al cómputo oficial de las elecciones generales del 20 de octubre, además la verificación de las actas, estadística, cadena de custodia y otras.

La auditoría se concentrará en la jornada electoral del 20 de octubre y las etapas posteriores, el equipo de expertos desarrollará sus funciones sin interferir en la soberanía del estado boliviano.

Además, está previsto que el informe será entregado inicialmente al secretario general de la OEA y este será remitido al estado boliviano a través de los canales diplomáticos. Almagro comunicó que este proceso tendrá una duración de hasta 12 días, es decir que a mediados del próximo mes se contará con los resultados del peritaje.

A nombre de la alianza que lo postuló a la Presidencia, Mesa manifestó que reconocen la posición de instituciones, sectores cívicos y movimientos sociales que plantean la anulación de las elecciones y manifiestan su desconfianza acerca de la auditoría pactada entre la OEA y el MAS.

Tras conocer esta postura, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, dijo que el gobierno de Evo Morales, está presto a escuchar las condiciones de la fuerza opositora, lo convocó a que presenten sus condiciones para el desarrollo de ese estudio.

Por otro lado, también señaló que la oposición al momento no pudo mostrar pruebas que apunten a un fraude electoral, sin embargo, manifestó que debido a las “sospechas” se hace necesaria la auditoría internacional.

ESTUDIO JURÍDICO

El Colegio Nacional de Abogados (Conalab) realizará un estudio jurídico a todo el proceso electoral del 20 de octubre, donde se tomarán en cuentan los asuntos legales, esto abarcará a las etapas posteriores de la jornada de sufragio.

El presidente del ente colegiado, Israel Centellas, manifestó que las observaciones que realice un equipo de expertos de la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), ayudará para que ellos puedan establecer responsabilidades jurídicas.

“Se está acudiendo a todos los documentos públicos del cómputo oficial del Órgano Electoral, donde existen actas con diversas irregularidades el cual será observado de forma legal con el fin de establecer responsabilidades jurídicas contra los funcionarios de esa instancia”, puntualizó el jurista.

El Colegio de Abogados de Santa Cruz dio un plazo de 72 horas al TSE para declarar nulas las elecciones generales realizadas el 20 de octubre. También exigen a la Asamblea Legislativa convocar a una sesión extraordinaria para establecer una norma que convoque a un nuevo proceso eleccionario en el país y cesar de sus funciones a todos los vocales del TSE y a los vocales de los Tribunales Departamentales.

El Diario.