- Senador William Torrez acusa a la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de La Paz de vulnerar el sistema democrático y la Constitución
En una decisión que ha generado un profundo cuestionamiento sobre la separación de poderes en Bolivia, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) ha anunciado su intención de presentar una demanda penal contra los miembros de la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de La Paz.
El senador William Torrez, representante del MAS, acusa a dicha Sala de suspender la atribución constitucional de la Asamblea Legislativa Plurinacional para interpelar a ocho ministros de Estado.
La controversia se desencadenó cuando la Sala Constitucional Primera emitió una resolución que, según el senador Torrez, socava no solo el sistema democrático, sino también el artículo 158, numeral 18, de la Constitución Política del Estado, el cual confiere a la Asamblea Legislativa Plurinacional el poder de fiscalización a través de interpelaciones.
Para Torrez, la gravedad de esta resolución no solo radica en su potencial impacto en el sistema de checks and balances del país, sino también en la violación flagrante de los preceptos constitucionales. Se espera que los miembros de la Sala Constitucional enfrenten cargos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, en virtud de la demanda penal que el MAS planea presentar.
«Estas autoridades, de manera arbitraria, vulnerando la Constitución y, en segundo lugar, aplicaron medidas cautelares disponiendo que la asamblea legislativa no pueda interpelar y menos conocer interpelaciones que ya están en curso», afirmó el senador Torrez en un comunicado.
La base de la resolución de la Sala Constitucional Primera se originó en una acción de amparo constitucional presentada por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. A esta acción posteriormente se adhirieron otros ministros de Estado. El destino de esta controversia ahora reposa en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que deberá emitir un fallo determinante.
Mientras tanto, la suspensión de las interpelaciones ha dejado en suspenso el normal funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que ha generado un intenso debate sobre la independencia y la separación de poderes en el país. La sociedad boliviana observa atentamente mientras el sistema judicial se prepara para abordar uno de los desafíos más apremiantes en la intersección entre la legalidad y la política.