Con una serie de contradicciones en la imputación formal que van desde fechas y la solicitud de encarcelamiento además de medidas sustitutivas como la detención domiciliaria, para las 8:00 horas de hoy está programada la audiencia de medidas cautelares del presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Armin Lluta.
“En el cuaderno de investigaciones en fecha 10 de noviembre de 2020 los denunciantes (…) interponen una Acción de Amparo Constitucional, por una violación a sus derechos cívicos y políticos (…) por lo que la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de La Paz determinó conceder la tutela incoada mediante Resolución Nº 197/2020”, se lee en la parte inicial de la relación de hechos.
Más adelante aclaran que conforme a esa resolución debe ser reestablecidos como directorio de Adepcoca el grupo de Elena Flores, desde la fecha 31 de julio de 2019 hasta el 31 de julio de 2021.
Continúa: “habiéndose desconocido las medidas cautelares impuestas el 14 de diciembre de 2020, se deja sin efecto cualquier determinación que haya emergido a partir de ese día”.
La abogada, Evelin Cossío, que patrocina al líder cocalero, en contacto con EL DIARIO, aclaró que presuntamente en cumplimiento a la Resolución 197/2020, el 15 de enero de 2020, Elena Flores intentó tomar posesión de los predios de Adepcoca ubicado en la zona de Villa Fátima de La Paz y que su patrocinado se lo habría impedido, extremo que la jurista rechazó.
En este contexto se entiende que la imputación contra Lluta es porque no dio cumplimiento a la Resolución 197/2020, sin embargo, la fiscal detalla una serie de irregularidades que hacen presumir que hubo un pegado y copiado de otro memorial y que no se borró algunos detalles.
a) Esta conducta es típica ya que ésta se encuentra descrita en la norma penal sustantiva, pues la acción exige una que pese a tener conocimiento que dicho documento es falso, lo utiliza a efectos de poder cumplir con los requisitos del cargo, y esta conducta es reiterativa cuando en los otros documentos el mismo señala la condición de grado académico en licenciatura, sin que el mismo haya acabado dicha carrera.
b) Es antijurídica porque va contra el ordenamiento jurídico y no se ha evidenciado causas que justifiquen la conducta del ahora imputado.
c) Es culpable por la existencia de la reprochabilidad en la conducta ya que han actuado los imputados en el hecho que firma y presenta estos documentos utilizando timbres y sellos de la Universidad Mayor de San Andrés.
d) Es punible porque esta conducta como consecuencia tienen una sanción penal a la que deben ser cometida los ahora imputados.
Se manifiesta en base a la imputación, es por la existencia de indicios suficientes que denotan que los ahora imputados participaron en el hecho que se investiga, indicios que son conducentes para fundar la presente imputación que hace ver al director funcional de las investigaciones que existen elementos suficientes de convicción que enlazan los hechos”, se lee en otra parte de la imputación.
Por otro lado, la fiscal asegura que existe un riesgo de fuga porque Lluta no registra una actividad lícita y que no ha establecido domicilio, por lo que se tuvo que notificar vía WhatsApp.
“Al no tener actividad lícita y domicilio, el mismo cuenta con las facilidades de abandonar el país o permanecer oculto por lo que el ahora imputado es un peligro para la víctima ya que esté ha generado conflictos sociales”, expresa el documento.
Asimismo, afirma que existe el peligro de obstaculización porque el imputado puede influir negativamente sobre los partícipes, víctimas y testigos, tomando en cuenta que falta la recepción de la declaración informativa del co-sindicado Franclin Gutiérrez.
Pese a haber expuesto los peligros de fuga, más adelante, la fiscal pide medidas sustitutivas a la detención preventiva como la detención domiciliaria, la presentación de dos garantes personales y el marcado biométrico para el imputado.
Por estas contradicciones la patrocinadora de Lluta presentó al mediodía de ayer incidentes que deberán ser tomados en cuenta por la jueza Melina Lima Nina, antes de iniciar las cautelares del líder cocalero.
MARCHA
Miles de cocaleros marcharon ayer por calles del centro paceño en rechazo a las elecciones convocadas por el Comité Electoral conformado por Elena Flores, afín al Movimiento al Socialismo (MAS) y en apoyo a Lluta.
Actualmente, la dirección de Adepcoca está en disputa entre una fracción que apoya a Lluta y otra liderada por Elena Flores, afín al MAS, quien impulsa elecciones dirigenciales que se realizarían el próximo 4 de septiembre.
El Diario.