La diputada de Comunidad Ciudadana acusa al ministro de Obras Públicas de atentar contra su honor al sugerir que recibió dinero de Marcelo Claure, en medio de una polémica por presuntos acuerdos políticos sobre el litio.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Lissa Claros, presentó una denuncia penal contra el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, a quien acusa de haberla difamado públicamente al insinuar que ella y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) habrían recibido sobornos del empresario Marcelo Claure, en el marco de una supuesta negociación política sobre la industrialización del litio.

“Ya hemos hecho efectiva la denuncia en el Ministerio Público porque ha insinuado que mi persona y Comcipo recibimos dinero del señor Claure”, declaró este miércoles 30 de julio Claros, quien exige que Montaño respalde sus afirmaciones ante la justicia.

La acusación se origina en una controversia que involucra a candidatos de oposición, como Samuel Doria Medina y su binomio José Luis Lupo, quienes, según denuncias no comprobadas, se habrían reunido en Santa Cruz con los empresarios Marcelo Claure y Marcos Bulgheroni para negociar temas vinculados al litio a cambio de apoyo político.

El pasado 22 de julio, Montaño acusó públicamente a Comcipo de ser cómplice en la expropiación de recursos naturales y cuestionó el silencio de Claros y del senador “evista” Hilarión Mamani, ambos críticos de los contratos firmados por el Gobierno con empresas extranjeras para la explotación del litio.

“Eso me da la sospecha de que han recibido plata algunas organizaciones y por eso se transportaban desde Potosí hasta La Paz”, dijo el ministro en declaraciones públicas, sugiriendo un comportamiento irregular por parte de sectores cívicos y parlamentarios opositores.

En respuesta, Claros denunció que Montaño atentó contra su honor, honra y dignidad, por lo que lo demandó penalmente por los delitos de calumnias e injurias. “No voy a permitir que nadie ponga en duda mi honorabilidad. Ahora tendrá que demostrar en tribunales lo que ha insinuado”, señaló.

Días antes de la denuncia, Claros había dado un plazo de 24 horas al ministro para retractarse. Ante el silencio de Montaño, confirmó el inicio del proceso judicial por la vía penal. Además, reiteró su postura crítica sobre los contratos firmados por el Gobierno con Uranium One Group (Rusia) y CBC Investment Limited (China), los cuales considera ilegales y sin consulta previa.

Actualmente, la diputada mantiene una vigilia indefinida en la Asamblea Legislativa, exigiendo que se anulen los acuerdos relacionados con el litio y que se respete la voluntad de las regiones productoras, como Potosí, en cualquier decisión sobre los recursos naturales.