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Sentencia Constitucional 0060/23: Un revés a la elección de autoridades judiciales y críticas desde la oposición.

  • Diputados de Creemos denuncian intento del MAS por controlar la justicia y exigen su despolitización.

En una resolución que ha causado revuelo en la esfera política boliviana, la Sentencia Constitucional 0060/23, emitida este 31 de julio de 2023, ha dejado en «fojas cero» el proceso de elección de autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional (TCP). Esta medida ha sido duramente cuestionada por diputados pertenecientes a la oposición, quienes afirman que esta decisión busca permitir al Gobierno y al Movimiento Al Socialismo (MAS) designar a dedo a los administradores de justicia, asegurando así un control a su medida.

En una rueda de prensa ofrecida por diputados del partido Creemos, el diputado Erwin Bazán enfatizó la falta de voluntad política por parte del MAS para llevar a cabo elecciones judiciales. «El MAS no quiere elecciones judiciales (…). Existe la voluntad política de las bancadas de oposición, se puede sesionar por tiempo y materia. El problema es que el MAS no tiene la voluntad política, y este fallo lo ha demostrado», declaró Bazán.

La postura de los legisladores de Creemos es que la justicia boliviana actual se encuentra «rehén del gobierno de turno», y acusan que los fallos emitidos tienen un fuerte componente político, lo que refuerza la necesidad de un cambio en el sistema de administración de justicia. Proponen, en este sentido, una refundación de la justicia basada en la federalización para despolitizarla y asegurar su independencia.

En línea con esta demanda, la bancada de Creemos ha exigido la despolitización de la administración de justicia y la participación activa de la sociedad civil a través de una comisión técnica y meritocrática. El objetivo es frenar la manipulación político-partidaria que, según ellos, ejerce actualmente el MAS sobre la justicia.

El cuestionamiento por parte de Creemos también recae en el tiempo tomado para emitir la sentencia, ya que se esperaron los 45 días del plazo legal antes de hacerlo público. Esta dilación ha sido considerada como un problema mayúsculo para el país, según la oposición.

Desde la perspectiva de la bancada de Creemos, el MAS estaría obstaculizando la realización de elecciones judiciales con el fin de perpetuar el control político sobre la administración de justicia y utilizarla como herramienta para perseguir a la oposición.

En conclusión, la Sentencia Constitucional 0060/23 ha generado un fuerte debate en el panorama político boliviano, y los diputados de Creemos han alzado la voz para denunciar lo que consideran un intento del MAS por politizar aún más la justicia y mantener su dominio en la escena política del país. La exigencia de una administración de justicia independiente y despolitizada, con la participación de la sociedad civil, sigue siendo el clamor de la oposición en busca de un sistema judicial más justo y equitativo.

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