- El expresidente llama a denunciar la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional que podría dejar a Bolivia en riesgo de un vacío de poder judicial.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha levantado fuertes críticas contra el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tras su reciente sentencia que anula el proceso de preselección de magistrados, exigiendo a la Asamblea Legislativa la aprobación de otra convocatoria por dos tercios. Calificando esta medida como un «golpe judicial contra la democracia», Morales argumentó que la decisión vulnera el derecho constitucional del pueblo boliviano a elegir de manera democrática a los magistrados del Órgano Judicial.
En una declaración emitida a través de redes sociales, el exmandatario afirmó que la sentencia del TCP tiene motivaciones políticas y no jurídicas, y advirtió que esta podría llevar al país de vuelta a prácticas del pasado, donde la justicia estaba sometida a cuotas y arreglos políticos. En este sentido, hizo un llamado urgente al Movimiento al Socialismo (MAS), a la Asamblea Legislativa, a líderes de opinión y a los medios de comunicación para que denuncien lo que él considera un «golpe» en contra de la democracia boliviana.
Para Evo Morales, la decisión del Tribunal Constitucional también representa un ataque al Estatuto Orgánico del MAS y al derecho de este partido a elegir a los magistrados del Órgano Judicial. Acusó al TCP de ser un «brazo operador de la guerra judicial» en su contra.
El fallo del TCP implica que la Asamblea Legislativa debe reiniciar un nuevo proceso de preselección de candidatos a magistrados. Sin embargo, esta decisión ha generado incertidumbre sobre la posibilidad de cumplir con los plazos para realizar las elecciones judiciales este mismo año.
Además, la situación política se complica, ya que la decisión del Tribunal exige que la Asamblea logre una aprobación de dos tercios para iniciar el proceso de preselección. Dada la actual falta de una fuerza política con esta mayoría y la división en la bancada del MAS, la tarea se vuelve aún más desafiante.
Uno de los principales riesgos que se avizora es la posibilidad de que, de no contar con nuevas autoridades judiciales elegidas en el 2023, el país se enfrente a un vacío de poder judicial, dado que los actuales magistrados deberán concluir su gestión el 31 de diciembre.
La situación continúa siendo motivo de preocupación y debate en la esfera política boliviana, y se espera que la Asamblea Legislativa y demás actores involucrados busquen una solución para evitar un escenario de incertidumbre jurídica en el país.