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Califican de “aberración jurídica” solicitud de 20 años de cárcel para miembros de la RJC

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Después que la Fiscalía presentó la acusación contra cuatro miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), por el caso de los destrozos en la sede de la Fiscalía General del Estado de Sucre, en 2020, donde piden 20 años de reclusión, Manuel Morales, representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), calificó la solicitud como “aberración jurídica”.

“Han pintado la fachada de la Fiscalía y no merece una sentencia de 20 años, o sea es ridículo lo que el ministro (Iván) Lima ha señalado que van a solicitar una condena de 20 años, lo que corresponde es una investigación seria, pero las irregularidades que se han cometido contra estos jóvenes son aberrantes en términos jurídicos, en primero lugar no darle libertad para que se puedan defender”, advirtió.

Manifestó que junto a 16 instituciones solicitaron una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar este tema.

“Queremos denunciar en la CIDH que, por ejemplo, ha habido integrantes de la RJC que han sido torturados e incluso llevados enmanillados y con signos de tortura frente a una autoridad jurisdiccional y el juez no ha dicho absolutamente nada”, advirtió.

La semana pasada se conoció que el Ministerio Público presentó la acusación contra cuatro miembros de la RJC, entre ellos su líder Yassir Molina, por el caso de los destrozos en la sede de la Fiscalía General del Estado de Sucre, en 2020, cuando el grupo instaló una protesta en puertas de esa dependencia para exigir la destitución de Juan Lanchipa.

El Ministerio de Gobierno publicó un comunicado con el cual informó que además de Molina fueron acusados en este caso Milena Sotto, Mario Antonio Bascopé y Fabio Alejandro Bascopé, para quienes solicitará “la pena máxima de 20 años de presidio”.

Las cuatro personas son sindicadas por los delitos de organización criminal; tenencia, portación y uso de armas de fuego convencionales; atentado contra bienes públicos; privación de libertad; impedir y estorbar el ejercicio de funciones; destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional y daño calificado.

El Ministerio de Gobierno, parte acusadora en el proceso, espera que hasta el 6 de junio los sindicados presenten sus pruebas de descargos para el inicio del juicio oral.

Fuente: El Diario.

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