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Amplían acusación contra otros dos miembros de la RJC por destrozos en la Fiscalía General del Estado

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La Fiscalía General del Estado, desde Chuquisaca, determinó ampliar la acusación formal en contra de Mario S. S. y Ayda R. L. T., otros dos miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por presuntamente haber participado, en calidad de cómplices, en los destrozos al inmueble de la Fiscalía en la capital, en octubre de 2020.

“En la audiencia de juicio oral, el Ministerio Público va a exponer los 128 elementos de pruebas documentales y 28 pruebas testificales con la finalidad de demostrar ante la autoridad jurisdiccional, la autoría y participación, tanto de los principales investigados como son Yassir M., Mario B. R., Fabio B. R. y Milena S. L., así como de los presuntos cómplices Mario S. S. y Ayda R. L. T.”, afirmó el fiscal especializado Anticorrupción, Javier Gorena.

Ambos fueron acusados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal con relación al delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional; tenencia, porte o portación y fabricación ilícita y daño calificado.

Los antecedentes y los elementos de convicción colectados durante la etapa preparatoria dan cuenta de que se pudo establecer que Yassir, Mario, Fabio y Milena, en su calidad de cabecillas del “grupo irregular RJC”, habrían dado instrucciones para que sus subordinados ejecuten el ilícito en el inmueble de la Fiscalía General del Estado, considerado patrimonio arquitectónico de la ciudad de Sucre.

Mientras que, Mario S. S. y Ayda R. L. T. habrían facilitado los medios logísticos y recursos humanos para engrosar las filas de esta organización, en pos de perpetrar el hecho.

El 6 de junio próximo fenece el plazo para que los acusados presenten sus pruebas de descargo, ante ello, el Ministerio Público anticipó que solicitará la instalación de la audiencia de juicio oral, en el que se presentarán todas las pruebas colectadas durante la etapa preparatoria.

Gorena adelantó que durante el juicio oral, la Fiscalía pedirá la pena máxima de 20 años de cárcel para los principales autores.

“Los sujetos con diferentes conductas habrían perpetrado diferentes delitos y esta situación va a arrastrar al delito más grave, en todo caso la pena más grave va a arrastrar a los otros delitos, estimamos 20 años por el delito de organización criminal con relación al delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado”, indicó.

Fuente: Pagina Siete

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