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Cuestionan permisividad del Gobierno ante avasallamientos

Luego de nuevas denuncias por avasallamientos violentos en localidades del oriente del país, legisladores de oposición cuestionaron la permisividad de autoridades de justicia y Gobierno para poner fin a la toma ilegal de tierras, apuntando a que estos actos cuentan con el respaldo del Movimiento al Socialismo (MAS) para amedrentar a empresarios y población de una región abiertamente contestataria al actual régimen.

Para el diputado por Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, no debe sorprender que esta movilización de personas, con fines ilícitos, se dé principalmente en el departamento de Santa Cruz, pues es esta la región que más resiste el plan político e ideológico del MAS para tomar el control de todos los espacios de poder en el Estado.

“Estos avasallamientos ya son prácticamente una política de Gobierno, para tomar tierras en el oriente boliviano, ejecutada por grupos a los que ya podemos calificar como paramilitares que son los denominados interculturales. Actúan como grupos armados en complicidad con la justicia y otras entidades”, refirió el legislador paceño.

En criterio de Ormachea, los avasallamientos son la forma que el masismo ha encontrado para “ensañarse” y amedrentar a este departamento y su gente, por haberle “plantado la cara en reiteradas oportunidades”, tanto al “evismo”, al “arcismo” o a todo el poder central.

En ese contexto, afirmó que el principal punto a ser cuestionado debe ser la permisividad con la que operadores de justicia y autoridades dejan pasar o no aplican acciones para evitar la violencia con la que operan estos grupos, al tratarse de tomas absolutamente recurrentes, principalmente en esta región del país.

“En vez de promover la toma de tierras, el Gobierno debería estar preocupado por el aumento del narcotráfico, la falta de dólares o por la implementación de política públicas para extirpar la corrupción en Bolivia y de la misma forma para aplicar una verdadera reforma de la justicia en la que todos sean partícipes”, indicó.

Por ello, sostuvo que la única intensión detrás de toda la movilización de avasalladores en territorios productivos del oriente boliviano, es la de amedrentar a Santa Cruz, someter a su gente y acallar a sus representantes como una forma de venganza por las veces que, de forma pacífica, se obligó a retroceder al gobierno del MAS.

En la misma línea, el senador por Creemos, Henry Montero, acusó al partido oficialista de estar detrás de los movimientos de avasalladores, patrocinando actos violentos que provocan zozobra en las familias de productores, y contraviniendo la Ley 477 Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras además del artículo 56 de la Constitución Política del Estado.

“Los masistas, hoy titulados y enmascarados de interculturales que han llevado violencia armada, como en el caso Las Londras, han secuestrado a policías y periodistas, casos en que los procesos judiciales han quedado absolutamente en nada”, afirmó.

El legislador cruceño recordó que el pasado 2 de febrero en el municipio de San Pedro, la Policía tuvo que negociar el intercambio de 60 aprehendidos del grupo irregular armado para salir del lugar del conflicto, por el asalto a la propiedad privada y la destrucción de al menos 1.800 hectáreas de soya.

Consultado sobre las muertes a consecuencia de los avasallamientos, pidió que todos los hechos sean esclarecidos y también se identifique a todos los que incitan a la toma violenta de propiedades, evitando que invasores de tierras queden en la impunidad y protegidos.

Desde el oficialismo, el diputado Ányelo Céspedes, lamentó el enfrentamiento entre bolivianos y responsabilizó al Instituto Nacional de Reforma Agraria, por no brindar datos oficiales sobre los territorios que se constituyen en tierras fiscales disponibles.

“Lamento que volvamos a ver avasallamientos y el enfrentamiento de personas, creo que las instancias que deberían trabajar son el INRA. Que de una vez por todas nos digan cuales son tierras fiscales disponibles y cuáles no”, dijo.

Céspedes además llamó a funcionarios de esta institución a hacer respetar el derecho propietario de las tierras que se encuentran tituladas, apuntando que los avasallamientos no solo se dan desde un sector, sino que también existen empresarios que incurren en esta ilícito.

Hasta ayer, la Policía Boliviana confirmó la muerte de dos personas a causa de los enfrentamientos entre avasalladores y trabajadores del predio Santagro, por la toma de tierras en la localidad de Guarayos, Santa Cruz.

Francisco Morales (44) y Jorge Pérez (25) son los nombres de las personas que perdieron la vida en este conflicto. En el reporte oficial también se contabilizó tres heridos que fueron trasladados hasta distintos centros de atención médica en el municipio de Montero.

Fuente: El Diario

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