DDRR: en Santa Cruz se cancelan deudas y gravan bienes a pedido

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“Quiero un certificado negativo para un crédito de vivienda social, pero tengo una casa en Sucre. Necesito un certificado negativo donde no aparezca mi casa en Sucre”, fue la consulta que este periodista le hizo a una tramitadora en Derechos Reales de Santa Cruz. “Se lo hago ese trámite. Sólo necesito su carnet, y su certificado negativo se lo entrego mañana”, dice la tramitadora.

“¿Cuánto cuesta ese trámite?”, le pregunto. “Serán 1.400 bolivianos y el certificado se lo entrego mañana en la tarde”, insiste la mujer, de tez morena, de entre 30 y 40 años, de estatura mediana.

“¿Puede darme su número de celular para que le confirme?”. Le pido. Inmediatamente me dicta su número que empieza con seis y me da su nombre. “Me llama nomás”, dice, y se escurre entre las decenas de personas que entran y salen del imponente edificio del Palacio de Justicia de esa ciudad. Era el lunes 18 de marzo en la mañana.

Llegar a ella iba a ser difícil de no ser por un policía que en todo momento me aseguró que me harían el trámite que quiera. Fue un tramitador que me recomendó a ese policía. “Él le va a ayudar”, me dijo, cuando esa mañana buscaba un tramitador que me dé una mano. Y fue el policía quien me contactó con la mujer que me ofreció finalmente el servicio.

Antes, otros tramitadores se negaron a hacer el trabajo. Uno de ellos, a quien identificaron como “El Gordito”, dijo: “yo no hago ese trámite”, pero me contactó con otra “doctora”, y ésta se lamentó: “antes se hacía harto este tipo de trámites. Era fácil. Ahora están controlando mucho. Los pillaron, pues. Están en Palmasola”, suelta.

¿Cómo es posible?

Este periodista se contactó con varios funcionarios de Derechos Reales de Santa Cruz, no como periodista, sino como un ciudadano interesado en obtener información sobre cómo recoger un alodial, qué hacer para cancelar una anotación preventiva, etc., y en todos los casos los funcionarios enumeraron una serie de requisitos que sí o sí se deben cumplir.

Por ejemplo, si personalmente no puedo recoger un alodial, debo otorgar un poder al que lo haga por mí, de lo contrario, será imposible obtener ese documento, que al funcionario no le tomaría ni tres minutos expedirlo.

Sin embargo, con un pago extra, sí es posible obtener “prácticamente todo y sin requisitos”, como dijo uno de los abogados con los que Página Siete conversó en la ciudad de Santa Cruz. Este abogado, día a día escucha –de sus colegas y también de litigantes– historias de trámites ilegales.

Pero un caso en particular –a cuyos documentos este periódico tuvo acceso– muestra que hay irregularidades no sólo en Derechos Reales, sino también en la Notaría 75 de esa ciudad. Y este caso, ante los indicios de corrupción, llegó a un juicio penal contra el registrador departamental de Derechos Reales de Santa Cruz, Alfredo Aurelio Echeverría Guardia, sobre quien además pesan al menos otros 10 procesos penales en su contra por casos similares, los cuales –según él– “fueron rechazados”.

El juicio de este caso contra Echeverría y otros funcionarios (sus subalternos) es por “uso de instrumento falsificado” y por “manipulación informática”.

Cancelación de deudas

¿De qué se trata? En el asiento B-7 del alodial figura la anotación de un gravamen por 80.000 dólares a favor de David Mancilla Camacho, gravamen registrado en Derechos Reales el 20 de julio de 2017. Y en el asiento B-8 está anotado otro gravamen por 220 mil dólares también a favor de Camacho registrado el 13 de abril de 2018, según los alodiales a los que accedió Página Siete.

El hecho insólito de este caso es que estos dos gravámenes desaparecieron del alodial sin que el que prestó el dinero (David Mancilla) ni el que recibió el préstamo (Ángel Esteban Castellanos, representante de la Empresa Capital Privado Inmobiliario) se enteraran.

Según Mancilla, Echeverría le dijo que el problema se resuelve “con sólo apretar una tecla” y que sólo necesita una solicitud escrita. “Pero yo no quiero que se resuelva el problema ‘con sólo apretar una tecla’, quiero que se sepa quiénes están detrás de esto; quiero que sepa por qué lo hicieron. No podemos estar en una situación de tanta vulnerabilidad”, dijo Mancilla a este diario. Por eso inició el proceso penal.

En el asiento C-6 de ese mismo alodial cursa la cancelación de la deuda de los 80.000 dólares a través de la escritura 247 de 23 de febrero de 2018 otorgada por la Notaría 75, a cargo de Elio Zambrana, y registrada en Derechos Reales el 31 de lulio de 2018 a las 12:01,59.

En el asiento C-7 del alodial se observa, asimismo, la cancelación de la deuda de los 220 mil dólares a través de la escritura pública 526 de fecha 17 de abril de 2018, otorgada por la misma Notaría (75) y registrada en Derechos Reales el 31 de julio de 2018 a las 12:05,09.

El dato que aquí llama la atención es que estas dos cancelaciones –la segunda por más de 1,5 millones de bolivianos (220 mil dólares)– fueron concretadas en 3,08 minutos, algo inverosímil considerando que para cada uno de estos trámites el funcionario de Derechos Reales necesita su tiempo para corroborar el testimonio público de cancelación, el formulario firmado por Notario, la copia del carnet de identidad de los participantes. Y como el trámite es personal, quienes ingresaron la cancelación debieron contar con el poder del deudor y acreedor. Lo que no pasó.

La denuncia

Inicialmente las víctimas pidieron información a Derechos Reales y a la Notaría 75 sobre quiénes tramitaron e ingresaron la cancelación, pero –según afirmó David Mancilla– era imposible obtener información de esas dos instancias sobre lo que realmente pasó.

Por lo tanto, el 18 de septiembre del pasado año, el acreedor (David Mancilla) formalizó la denuncia contra Echeverría y otros siete funcionarios de Derechos Reales. El 19 de septiembre, la Fiscalía Departamental admitió la querella por “falsedad material, uso de instrumento falsificado y manipulación informática”. Y el 20 de septiembre el fiscal de materia del Ministerio Público anunció ante el juez de instrucción de turno en materia penal el inicio de la investigación.

Aún así, los demandantes no pudieron establecer quiénes y cómo es que se dio la cancelación de las dos deudas, por lo que el 14 de diciembre de ese año los demandantes consiguieron que la Fiscalía emita un requerimiento para que Echeverría certifique quién ingresó y recogió los trámites. Asimismo, la Fiscalía pidió la remisión de la copia legalizada de toda la documentación que ingresó a las oficinas de DDRR.

Sin embargo, el registrador no remitió la información pese al requerimiento fiscal, que le dio 72 horas para hacerlo. Mancilla tuvo que recurrir a Transparencia.

Derechos Reales emitió finalmente el 3 de enero de este año la certificación requerida, a la que la parte demandante sólo pudo acceder el 24 de enero. Según esta documentación, los trámites de cancelación fueron realizadas por el acreedor (Mancilla) y el deudor (Castellanos).

Sin embargo, la información entregada por Derechos Reales no adjuntaba ningún documento que corrobore con fotocopias el testimonio de cancelación (para ver en qué formulario se transcribió dicha protocolización y así proceder a la certificación del Notario que adquirió ese formulario y rastrear al responsable de la falsificación). Un testimonio de cancelación incluye, además, la certificación del pago de impuestos correspondiente a una cancelación.

Derechos Reales revela un dato que carece de sentido: “La cancelación (de deuda) del asiento B-8 fue recogida por el señor David Mancilla Camacho en fecha 8 de mayo de 2018”, dice el documento. Empero, la cancelación de la deuda fue registrada el 31 de julio de 2018, según consta en el alodial. Por lo tanto, Mancilla no pudo recoger de Derechos Reales una cancelación de deuda 50 días antes de que ella fuera registrada en Derechos Reales.

Este detalle fue considerado por los demandantes como “manipulación informática”, que es uno de los delitos por los que se acusa a Echeverría, quien se refirió a los demandantes de este caso como “salvajes” y “chicaneros”.

Sin embargo, ni el acreedor ni el deudor hicieron estos trámites, según los abogados defensores de Mancilla. Para la abogada de Camacho, Daniela Cabrera, “Derechos Reales cometió un delito al introducir datos falsos en un documento público. Esto es falsedad material”.

Después de iniciado el proceso penal, Echeverría les ofreció hacer desaparecer las cancelaciones previa solicitud con una carta. “Realmente él puede solucionar este problema con una tecla, pero con eso él quiere que el delito desaparezca. Nosotros queremos que se castigue a los culpables”, afirmó Cabrera.

Echeverría dijo a Página Siete que debido a la carga de trabajo y al poco personal, no se pueden evitar errores.

La Notaría 75

La Notaría de Fe Pública 75, que registró la cancelación de las dos deudas, y después de meses de insistencia de los demandantes, emitió su informe después de un requerimiento fiscal. En una parte de su respuesta, afirma: “revisado el archivo de escrituras públicas… el número de escritura pública 526 no existe ningún instrumento público con ese número de matriz protocolar en el tomo de su clase que corresponde al archivo a cargo del Elio Zambrana Anzaldo, notario saliente de Fe Pública 75”.

Según el alodial, con ese número de escritura (526) se canceló la segunda deuda (220 mil dólares). Entonces, ¿qué pasó?

Página Siete recopiló al menos ocho casos de supuesta manipulación de datos que se dan en DDRR de Santa Cruz, con el solo pago de un dinero extra. Esos datos fueron recogidos a partir del testimonio de un tramitador, de una víctima y de abogados que atienden casos “extraños” que hoy ya son parte de su rutina.

Irregularidades en DDRR de Santa Cruz, Sucre y Oruro

Las anomalías en Derechos Reales (DDRR) en varias regiones del país se han vuelto tan frecuentes que el Consejo de la Magistratura instruyó a sus distritales investigar. Últimamente se detectaron casos en Santa Cruz, Sucre y Oruro.

El viernes reciente, la Magistratura interpuso un juicio penal contra seis funcionarios de Derechos Reales de la ciudad de Santa Cruz “por los delitos de incumplimiento de deberes, beneficios en razón del cargo y uso indebido de influencias”.

Allí se reportaron casos de trámites desaparecidos, más de 350 documentos sobrepuestos, folios paralelos, entre otras irregularidades y el desvío de 700 mil bolivianos a las cuentas personales de un funcionario.

En Sucre fue aprehendido el registrador regional de Derechos Reales, Jamil S., acusado de haber alterado anotaciones preventivas de bienes.

En Oruro, exfuncionarios de DDRR también fueron acusados de manipulación informática en la otorgación de un gravamen y la aparición de una matrícula.

Tres conversaciones grabadas

Página Siete grabó tres conversaciones telefónicas (en un consultorio de juristas): con un tramitador, un abogado y una víctima. La grabación se realizó con el consentimiento del abogado del consultorio jurídico, quien es el que hizo las llamadas y preguntas. Los que estaban al otro lado de la línea no sabían que se les grababa, por eso no revelamos sus nombres.

Conversación 1 (con un tramitador)

Abogado (estudio jurídico): Oiga, tengo un amigo que quiere un certificado negativo (una certificación de que no tiene una casa). Él tiene registrado un lotecito en Sucre, pero quiere salir limpio, sin ninguna inscripción en Derechos Reales.

Tramitador: Eso sale 200 dólares.

Abogado (estudio jurídico): Con eso me dan el alodial negativo, ¿no ve?

Tramitador: Sí, a nivel nacional. Es para el banco, ¿no es cierto?

Abogado (estudio jurídico): Sí, para un crédito de vivienda social.

Conversación 2(con un abogado)

Abogado (estudio jurídico): Doctor, cuénteme sobre el caso de la hipoteca que apareció en el folio de su cliente.

Abogado : Mi cliente tiene dos folios reales. El primero, cuando compró el departamento en enero de 2018, en el que aparece como dueño. El folio está limpio.

En noviembre o diciembre de ese año, va al banco a sacar un préstamo de dinero y ofrece su departamento como garantía.

El banco le pide folio real y Derechos Reales se lo da, pero con gravamen. Mi cliente nunca sacó un préstamo pero apareció con un crédito. Yo he visto el alodial y ahí estaba el gravamen. En este caso, es evidente el delito, la manipulación informática.

Conversación 3 (con una víctima)

Abogado (estudio jurídico): Usted me dijo que en Derechos Reales le han movido la hipoteca, ¿no es cierto?

Víctima: La hipoteca que había la bajaron y (en su lugar) le metieron una que no existía ni cuando compré el inmueble ni cuando lo hipotequé.

Abogado (estudio jurídico): A ver… Es decir, tenía una hipoteca en el puesto número 1 y esa hipoteca se fue al puesto número 2. ¿Cierto?

Víctima: Claro, pero en la hipoteca 1 (puesto 1) me metieron otra hipoteca de otro tipo al que no se le debe nada.

Pagina Siete.