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Revilla, Subia y Núñez continúan en la clandestinidad, un centenar pide refugio

El exalcalde de La Paz Luis Revilla, el secretario del Conflictos del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Ramiro Subia, y los exministros Yerko Núñez y María Elva Pinckert siguen en la clandestinidad. Por otro lado, el abogado Jorge Valda informó que hay más de un centenar que tramita asilo político en Brasil.

Desde el oficialismo niegan que haya persecución política y aseveran que las personas que son procesadas cometieron delitos.

El tema de los exiliados entra en agenda a raíz de la reciente muerte del otrora presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel, quien tenía proceso en su contra por las movilizaciones en contra de la Ley 1386, la cual ya no está vigente. La oposición apuntó al gobierno de Luis Arce por el deceso.

En marzo del 2021, meses después que Luis Arce asumiera la presidencia comenzaron las aprehensiones de autoridades del gobierno transitorio y jefes policiales y militares. Los primeros en ser apresados fueron la expresidenta Jeanine Añez y los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán.

Otros líderes políticos decidieron declarase en la clandestinidad. En la lista están Pinckert, Núñez, Revilla y Subia.

En el caso de Revilla ocurrió en enero de 2022. El exalcalde está sindicado por supuesto sobreprecio en la compra de buses Pumakatari. El cívico Subia es querellado por presuntamente atentar contra la vida de Marco Borda, hermano del exdiputado masista Víctor Borda.

Núñez se declaró en la clandestinidad en marzo de 2021. Un mes después lo hizo Pinckert.

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Valda detalló que en la actualidad hay más de 100 ciudadanos bolivianos que tramitan asilo político en el Comité Nacional de los Refugiados (Conare) de Brasil. Indicó que esas personas son las se movilizaron en el paro de los 36 días en Santa Cruz.

“En estos últimos meses días han salido del más de 100 personas de Santa Cruz a pedir asilo político al Brasil. Esta persecución está causando que las personas, por temor a ser arrestadas, por ejercer su derecho a la protesta, salgan del país a pedir asilo político. Por seguridad, no podemos dar nombres, es información clasificada porque se está tramitando en el Conare en Brasil”, señaló.

Por otro, la diputada de Creemos Laura Rojas indicó que su organización política documentó el caso de al menos 50 perseguidos políticos desde que inició el gobierno de Arce. Sostuvo que el Mandatario comenzó una “persecución política descarnada” en contra de ciudadanos, activistas, cívicos y políticos.

“La justicia es un brazo operativo persecutor del Gobierno y por eso tenemos más de 50 exiliados políticos y otros declarados en la clandestinidad. La democracia está en terapia intensiva, no se respetan los derechos y libertades. Arce es peor que Evo Morales, pero sale de las mismas filas”, sostuvo.

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El senador del Movimiento Al Socialismo Félix Ajpi dijo que no hay “delitos políticos” en el ordenamiento jurídico, por lo que no existe ninguna persecución política. Añadió que las personas convocadas por la justicia son procesadas por hechos ilícitos que cometieron como atentados contra la salud, los derechos humanos y daños al ornato público.

“Ellos están convocados para investigación, a través Ministerio Público. De ahí dirá el fiscal si hay indicios de responsabilidad. Ellos eso confunden con una persecución política, eso es totalmente falso, de que hay persecución política. Si están convocados o investigados es para esclarecer denuncias que tienen”, argumentó.

¿Criminalización?

El politólogo José Orlando Peralta expresó que las cifras que dan el abogado Valda y Creemos es la muestra de que el gobierno de Arce criminaliza la protesta. A su vez, subrayó que con esas acciones el oficialismo debilita la democracia.

“Aquí el Gobierno criminaliza la protesta y la participación de ciudadanos, en el sentido de participar en manifestaciones, expresar las ideas libremente, de disentir con el Gobierno. Con esto se está debilitando la democracia y producto de esto el país continúa polarizada, desde hace varios años”, aseveró.

Orlando Peralta apuntó a la falta de institucionalidad de la justicia como un factor para que jueces y fiscales sean el “brazo operativo de persecución del gobierno de turno, sea de la sigla que sea”. Aseguró que si habría un órgano Judicial imparcial se respetaría el debido proceso y las garantías de ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta.

Pagina Siete

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