ANPB rechaza accionar de juez
Mediante un comunicado público, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) rechazó el accionar de la juez Claudia Castro contra la periodista de la red televisiva ATB, María Ulo, cuyo accionar señala como acto de intimidación contra el ejercicio periodístico, por su parte, la juez Castro mediante nota remitida a la mencionada televisora afirma que sólo busca proteger a su hijo menor de edad, a quien se hubiera referido la jurista al justificar el motivo por el cual no podía hacer declaraciones.
“Hacemos notar a la jueza Castro, y por intermedio de ella a todas las autoridades jurisdiccionales, que los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la libertad de información están garantizados no sólo por la Constitución Política del Estrado, sino por los tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el país”, señala el pronunciamiento de las instituciones que agrupan al gremio periodístico, entorno a la ANPB.
El rechazo al accionar de la Juez Tercero Anticorrupción, señala como un acto intimidatorio a diferencia de ejercer las garantías no sólo de las normas, sino también de los principios y valores del Estado Constitucional de Derecho.
Específicamente, el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que forma parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, de efecto vinculante para Bolivia mediante el Bloque de Constitucionalidad, expresa que “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Por su parte, la juez Castro mediante nota remitida al Director de Contenidos de la televisora ATB, Jaime Iturri Salmón, señala que su pedido a la periodista tenía que ver con las explicaciones acerca de las razones por las que no podía hacer declaraciones porque no estaba en funciones públicas. Asimismo, señala que la supuesta retardación en el proceso referido al Banco Unión es atribuible a otros funcionarios.
El Diario