Funcionarios del Ministerio Público irrumpen en sede del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala y se apoderan de actas electorales
- Allanamiento y tensiones en el corazón de la democracia guatemalteca
En un dramático episodio que ha sacudido los cimientos de la democracia guatemalteca, funcionarios del Ministerio Público del país centroamericano irrumpieron este sábado por la fuerza en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), llevándose por la fuerza las actas de la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
La incursión, que se prolongó durante más de 20 horas, estuvo marcada por tensiones y forcejeos en los que destacados magistrados del TSE intentaron proteger a toda costa la documentación electoral. Los magistrados Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, junto a los suplentes Marlon Barahona y Marco Antonio Cornejo, se unieron a algunos trabajadores del TSE para formar una barrera humana en la entrada del edificio, en un intento desesperado de salvaguardar las actas.
Sin embargo, los fiscales, liderados por el agente Rafael Curruchiche de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), lograron apoderarse de las cajas de actas, desoyendo las propuestas de los magistrados para escanear los documentos o hacerlos públicos en nombre de la transparencia.
El allanamiento, que tuvo lugar bajo la autorización del juez Fredy Orellana, ha suscitado una serie de preguntas sin respuesta, ya que la Fiscalía no ha proporcionado una explicación detallada de sus acciones, más allá de invocar una orden de allanamiento. Este mismo número de causa es el que está relacionado con un proceso de suspensión que enfrenta el partido Movimiento Semilla.
Las autoridades electorales han levantado la voz de alarma, señalando que la acción del Ministerio Público pone en peligro el proceso electoral en su conjunto, ya que la custodia de las actas podría haberse visto comprometida, permitiendo la manipulación de los resultados.
A pesar de esto, el TSE ya ha oficializado los resultados de las elecciones, lo que ha generado dudas sobre el impacto real de estas medidas. Desde el Ministerio Público, se ha argumentado que el «secuestro de indicios» se llevó a cabo en pleno cumplimiento de la ley, destacando que la elección ya ha concluido y que los resultados se han oficializado.
El ganador de las elecciones, Bernadro Arévalo, ha condenado enérgicamente las acciones del Ministerio Público, equiparándolas a un golpe de Estado. En sus palabras, «es momento de que las y los guatemaltecos digamos un NO alto y claro contra los golpistas y hagamos valer nuestro derecho a la libre expresión y manifestación de forma pacífica ante los desmanes injustificados del poder y exigir el respeto a la constitución y la democracia.»
A nivel internacional, las críticas no se hicieron esperar. El Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó «con toda firmeza el nuevo e inaceptable allanamiento del FECI al TSE,» y llamó a respetar la voluntad popular expresada en las urnas.
Estados Unidos también se sumó a las voces de condena, a través del subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, quien exigió «rendición de cuentas» y subrayó que «las instituciones deben respetar la voluntad del pueblo guatemalteco.»
Desde que el Movimiento Semilla, liderado por el candidato Bernardo Arévalo, obtuvo resultados sorprendentes en la primera vuelta electoral, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, lo que ha generado una condena generalizada por parte de la comunidad internacional. Arévalo finalmente se impuso en la segunda vuelta de los comicios, pero el ambiente político sigue siendo tenso y marcado por la incertidumbre en Guatemala.