Santa Cruz exigirá que el censo sea en 2023 con la legitimidad de un cabildo

Es este viernes. Miles de ciudadanos se reunirán a los pies del Cristo Redentor para exigir que el próximo censo de población se realice en 2023 y se valide, a la brevedad posible, un nuevo pacto fiscal, que es la herramienta que toma como base la cantidad oficial de habitantes de cada región para la distribución de los recursos de la coparticipación tributaria.

El cabildo de este viernes, que además planteará otros siete temas sobre políticas públicas, también se pronunciará sobre la necesidad de una reforma judicial. Sus resoluciones son legítimas y legales porque serán el resultado de la aplicación de la democracia “directa y participativa” que forma parte del Artículo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE), subrayó ayer el constitucionalista Williams Herrera, quien además destacó el valor de la participación ciudadana en esta reunión.

“El cabildo es una institución reconocida por la Constitución y la diferencia con el referéndum es que no es vinculante, pero esto no significa que el Gobierno vaya a desconocer sus resoluciones porque se trata de una expresión legítima de los ciudadanos”, dijo.

Se trata, remarcó el experto, de una de las instituciones democráticas que equilibran las decisiones del poder constituido. Si la convocatoria a esta asamblea resulta masiva, el peso de las decisiones es mayor, remarcó la autoridad, quien recordó que Santa Cruz ha llevado adelante estas reuniones en diferentes momentos de su historia. “Este mecanismo fue clave para conquistar la autonomía que ahora está vigente. No se puede decir que, como no son vinculantes, no sirven. Hay una historia importante”, afirmó.

En ese marco, subrayó que las medidas que vaya a adoptar el cabildo son “totalmente legítimas”.

Además de la Constitución, el cabildo cuenta con el aval del Estatuto Autonómico de Santa Cruz, el Artículo 35 de la Ley 026 de Régimen Electoral, además de un protocolo específico del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) que detalla la manera en la que se debe realizar el acompañamiento de este proceso.

Jaime Hurtado, docente y especialista en Derecho Constitucional en la Universidad San Francisco Xavier, precisó que las decisiones que se asuman en el cabildo adquieren “una fuerza moral” que el “poder constituido” no puede desconocer o descalificar, porque se trata, precisamente, de una voz que se activa desde la soberanía popular.

“El cabildo es válido, es constitucional y genera un mensaje al poder constituido, que como entidad que debe al pueblo que lo eligió tiene la obligación de cumplir sus determinaciones. Ahí, hay un juego o un riesgo de que el cabildo sea desmerecido, pero en este caso existe una doctrina que lo orienta y que debe ser respetado”, puntualizó el académico.

Hurtado señaló que “existe una sentencia constitucional brillante” que tiene que ver con las manifestaciones directas “no deben tener límites” en la democracia. En función de este razonamiento, Hurtado consideró que el “cabildo es una de las expresiones más amplias” que no puede ser prohibido, rechazado o anulado. Además, señaló que para “es sano ejercitar a la democracia con los cabildos, pues de esta manera el sistema se alejará de posibles tentaciones autoritarias”.

Eso sí. El constitucionalista precisó que tampoco se trata de una aplicación “directísima” de la democracia, pues existe un procedimiento que, en este caso, está siendo regulado por el TED.

Para la asamblea de este viernes el organismo electoral departamental atendió el requerimiento de las organizaciones, siguiendo un trámite que duró 10 días, según reveló ayer María Cristina Claros, presidenta del TED-Santa Cruz.

La autoridad explicó que el acompañamiento será desarrollado por cuatro técnicos, quienes observarán el desarrollo del cabildo, tomando nota de la cantidad de personas que asistan. También deberán considerar el cumplimiento del orden del día que se propuso discutir, en este caso una agenda de ocho puntos, además de las medidas que se vayan a adoptar en la asamblea.

Aseguró que no es el Tribunal Electoral el que le da la legalidad al evento, sino la misma Constitución. También fue enfática con dos puntos, el primero: que el cabildo tiene carácter “netamente deliberativo y no vinculante” y, el segundo: la posición del TED será técnica. “No tomamos partido, no nos manifestamos ni estamos inmersos dentro de las decisiones (que se tomen), de los invitados. Simplemente somos observadores”, afirmó la autoridad electoral.

Una vez que concluya la manifestación democrática, los observadores, especialistas del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), tendrán 10 días hábiles para presentar su informe a la Sala Plena del TED, que deberá “aprobarlo dentro de sus competencias”, indicó Claros.

Posteriormente, será publicado en el sitio web del TED y del Tribunal Supremo Electoral, que ya ha sido informado oficialmente del trabajo de acompañamiento que realizará el TED, este viernes.

El cabildo de este viernes está básicamente en el rechazo a una postergación de dos años del censo. La posición de la institucionalidad cruceña, representada por el Comité Interinstitucional, consiste en que es posible —y lo sostienen técnicamente— de llevar adelante el censo en el primer semestre de 2023. Cuestionaron en diversos momentos que, contrariamente, el Gobierno no exhibió argumentos técnicos sobre esta prórroga.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, lamentó que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no haya revelado información actualizada sobre el avance de la gran encuesta nacional. “No sabemos el porcentaje exacto de cada una de las etapas ni las razones técnicas de la duración de estas etapas”, remarcó.

La urgencia de contar con un censo en 2023 pasa además por la urgencia de contar con datos poblacionales oficiales que permitan la reasignación de recursos a universidades, municipios y gobernaciones. Diferentes actores sociales, representantes de distintos sectores, como el abogado José Luis Santistevan, advirtieron que, si el censo se desarrolla en 2024, los resultados podrían aplicarse recién en 2030. Todo esto porque vienen distintos procesos electorales que impedirán que el trabajo postcensal concluya.

Pero, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, consideró que esos resultados se pueden acelerar con el avance tecnológico actual y aceptó la posibilidad de llevar adelante el censo en 2024. La autoridad dijo que se debería evitar “la confrontación”.

Santistevan, asesor del Comité Interinstitucional del censo, señaló en cambio que Santa Cruz promovió los cabildos para provocar cambios en el país.

“Todas las luchas y reivindicaciones del departamento de Santa Cruz para el país han seguido impecablemente el procedimiento que establece la Constitución y las leyes. El cabildo es una expresión de la democracia directa y participativa; es un mecanismo de ejercicio de la soberanía del pueblo y por eso nadie puede estar por encima del cabildo”, remarcó.

Manuel Morales, del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), informó que su organización estará presente a los pies del Cristo para hacer conocer su voz respecto a la urgencia de llevar adelante el censo en 2023.

El gobierno y el MAS creen que, como resultado del cabildo, de hoy se declare un paro indefinido, bloqueos y otras medidas de presión. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, cuestionó el cabildo, precisamente, por esa eventual medida que, sin embargo, no figura en la agenda de la asamblea. “Nos parece irresponsable que se anuncie o se intente llevar adelante medidas de presión sin tener una propuesta técnica”, indicó la autoridad.

Entre los oradores que intervengan en el cabildo, se prevé que participen los directivos del comité cívico, pero tendrá un papel importante el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, quien hará un resumen de todas las acciones que se realizaron ante el INE para que el censo se haga en junio de 2023.

El presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, informó que participaron delegados cívicos de todo el país, además de otras entidades y organizaciones de las provincias. Destacó la movilización ciudadana previa para que la población participe del cabildo.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, señaló que acudirá “como un ciudadano más”, pues no estará entre los oradores ni en la testera.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, dijo que Camacho “se está quedando solo”.
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