Medios de comunicación en los Yungas sufren acoso por parte del gobierno
- Asociaciones de periodistas llaman a defensa de la Libertad de Prensa y Expresión en Bolivia
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) han levantado una enérgica voz de alarma ante una serie de acciones que, según informes recientes, el gobierno está llevando a cabo en contra de medios de comunicación en la región de los Yungas.
Estas acciones de acoso y hostigamiento, orquestadas por la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones, han suscitado graves preocupaciones en torno a la libertad de prensa y expresión en el país.
En una escalada preocupante, diversos medios de comunicación en los Yungas han sido objeto de cierres forzados, secuestro de equipos, revocación de licencias de funcionamiento e imposición de multas exorbitantes.
La similitud de estas acciones ha llevado a la ANPB y a la APLP a denunciar un patrón claro de represión mediática por parte del gobierno central.
Una característica sobresaliente de estas medidas es su dirección hacia emisoras radiales que mantienen una línea editorial que defiende los intereses de los sectores campesinos productores de coca de los Yungas, además de cuestionar de manera crítica las políticas de represión aplicadas por el gobierno en contra de dichos sectores.
Esto ha suscitado dudas en cuanto a la naturaleza política de las acciones gubernamentales, generando cuestionamientos en torno a la preservación de la libertad de prensa y la diversidad de voces en el país.
Los defensores de la libertad de prensa han hecho un llamado directo al gobierno para recordar que en Bolivia prevalecen los derechos a la libertad de opinión y acceso a la información, derechos fundamentales que no pueden ser violados bajo ninguna circunstancia.
La ANPB y la APLP han hecho hincapié en la incompatibilidad de estas acciones con la base democrática del país, destacando la importancia de no permitir que decisiones políticas y arbitrariedades atenten contra la pluralidad de voces y la rendición de cuentas.
Las dos asociaciones de periodistas han emitido una demanda directa al Ministerio de Obras Públicas, la entidad encargada del sector de Telecomunicaciones, para que aclare la situación y cese el acoso y persecución a los medios de comunicación en los Yungas.
Instan a las autoridades a anular las medidas que resulten en cierres de emisoras y la interrupción de transmisiones.
En un llamado adicional, se hace un urgente requerimiento al Ministerio de Justicia, al Viceministerio de Comunicación y a la Defensoría del Pueblo para que intervengan de inmediato y pongan un alto a esta situación alarmante.
Se les recuerda su deber constitucional de proteger y garantizar los derechos ciudadanos, incluyendo la libertad de prensa y expresión, que son ejercidos por los medios y los periodistas.
En un tono concluyente, las asociaciones advierten que, en caso de persistir este acoso y la presión que busca el cierre de medios de comunicación en Bolivia, se procederá a llevar el caso ante organismos internacionales. El llamado a la acción resuena alto y claro: en un sistema democrático, el debilitamiento de las libertades fundamentales no puede ser tolerado, ni siquiera cuando es llevado a cabo a través de las instituciones del Estado. La defensa de la libertad de prensa y expresión sigue siendo esencial en la preservación de la democracia y la voz ciudadana.