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Cuestionan a comandante de las FFAA por permitir procesos contra militares

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La Unión de Militares Pasivos de Santa Cruz y las esposas de uniformados detenidos en el caso del supuesto golpe de Estado publicaron una carta abierta de rechazo a los procesos penales abiertos contra varios excomandantes de las Fuerzas Armadas (FFAA). Critican la postura «pasiva» del actual comandante, el general César Vallejos.

“Señor general (Vallejos): ante las desacertadas declaraciones suyas del día 25 del presente, que textualmente dijo: ‘No daremos tregua a los malos militares que pisotearon valores castrenses’. Al respecto le hacemos conocer y recordamos lo siguiente: 1. usted no tiene ninguna atribución para declarar ‘malos militares’ a meritorios oficiales de las FFAA”, dice la primera parte del texto firmado por los coroneles en retiro, Jorge Santistevan y Juan Carlos Gutiérrez.

En el documento aseguran que sus camaradas procesados y detenidos son “presos políticos” del actual Gobierno, “quienes, al regirse por sus leyes, reglamentos y la Constitución, hicieron posible la pacificación del país, restablecieron el orden público y preservaron la vida de la mayoría de los bolivianos, ante la crisis desatada por el gobierno de Evo Morales (en noviembre de 2019)”.

En un segundo punto, manifestaron que los “valores militares” son abiertamente atropellados por el Comando dirigido por Vallejos, “al adherirse directamente a un proyecto político, que atenta a la soberanía, a las leyes y dignidad del pueblo boliviano, en lugar de mantener la debida y firme posición institucional ante las organizaciones políticas del país, olvidando nuestros principios morales, impresos en molde de acero hace más de 200 años de servicio a la patria”.

Asimismo, los oficiales del servicio pasivo consideran que Vallejos permite que el personal militar “del servicio activo y la reserva, sea aprehendido y juzgado como vulgares delincuentes”.

En su texto precisan que lo ocurrido en octubre y noviembre de 2019 no se debió a un “golpe de Estado”, como afirma el Gobierno del MAS, sino que las protestas a escala nacional ocurrieron ante las sospechas de fraude electoral en los comicios de 2019.

“Las Fuerzas Armadas no son una institución de servilismo al político, sino una fuerza militar que está organizada para cumplir un deber de servicio al país, en consecuencia, no hay razón para someterlas a caprichos de políticos sin escrúpulos, dispuestos a todo para asaltar a las instituciones y al Estado en general, contraviniendo leyes, el honor y la moral militar”, continua el texto.

Los oficiales del servicio pasivo —superiores jerárquicos de Vallejos— le advierten al general que los militares que participaron en los diferentes operativos de 2019 no pueden ser procesados en la justicia ordinaria, sino que deben ser sometidos a la justicia penal militar, siempre que se demuestre que cometieron algún delito.

“La Justicia Militar no puede ser delegable a la Justicia Ordinaria, en franca usurpación dolosa del Ministerio Público y de quienes mal administran la justicia. Por lo tanto usted tiene la obligación de reclamar y pronunciarse al respecto, haciendo hincapié al artículo 244 de la CPE, así como a los Artículos 26, 27 de la Ley 1405 y que concuerdan con los Arts. 10, 81 y siguientes del Código de Procedimiento Penal Militar”, manifestaron.

Por último, los familiares de los detenidos y sus camaradas expresaron su rechazo “vehementemente” a los procesos en su contra e instan a Vallejos a “dignificar su Comando y no apegarse a un vil interés de orden personal. Por la dignidad de las Fuerzas Armadas, unidad del país y estado de derecho”.

Fuente: Página Siete

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