Periodistas cuestionan aprehensión de tiktoker por hablar del dólar y alertan sobre riesgos a la libertad de expresión
Gremios denuncian uso del aparato estatal para silenciar opiniones críticas y advierten que el caso Villafuerte marca un precedente peligroso
Organizaciones periodísticas del país expresaron este miércoles su preocupación y rechazo ante la aprehensión de Juan Carlos Villafuerte, un joven creador de contenido que publicó un video en redes sociales sobre la situación del dólar en Bolivia. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) lo acusó de difundir información falsa, hecho que los gremios consideran una vulneración al derecho a la libertad de expresión, protegido tanto por la Constitución Política del Estado como por tratados internacionales de derechos humanos.
Villafuerte, de 20 años, fue arrestado sin citación previa, según denuncias de su defensa, por recomendar en sus redes cambiar bolivianos a dólares debido a la devaluación de la moneda nacional. Mientras la ASFI sostiene que el proceso judicial responde a declaraciones alarmistas previas que podrían haber afectado la estabilidad del sistema financiero, sus abogados y familiares alegan una acción desproporcionada y politizada, con tintes de represalia por expresar opiniones sobre la coyuntura económica.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) condenaron la medida y denunciaron el uso de instituciones públicas para amedrentar voces críticas en un contexto de preocupación social por el acceso al dólar y la pérdida de valor del boliviano. Ambas instancias señalaron que el caso plantea una amenaza directa al ejercicio de la libre opinión y podría abrir la puerta a una forma de censura digital disfrazada de control institucional.
“Este tipo de acciones sienta un precedente peligroso para las libertades democráticas”, afirmaron las organizaciones en un comunicado conjunto, donde también exigieron la liberación inmediata de Villafuerte, el respeto al debido proceso y la no judicialización de opiniones expresadas en redes sociales sobre temas de interés público.
El abogado defensor, Andrés Richter, reveló que el caso había sido previamente rechazado por la justicia, pero fue reactivado “como una señal clara de castigo” para quienes opinen sobre temas económicos. Afirmó que Villafuerte fue interceptado por civiles en un vehículo sin placas, trasladado sin notificación y mantenido incomunicado, hechos que, según su familia, se asemejan más a un secuestro que a un procedimiento legal.
La situación desató una vigilia ciudadana frente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Santa Cruz, liderada por la madre del joven, quien denunció que su hijo podría ser trasladado forzosamente a La Paz, lo que contravendría garantías básicas del proceso.
El comunicado de los gremios remarca que el artículo legal invocado por la ASFI no incluye opiniones ni análisis verificables, y que el uso de dicha norma para perseguir publicaciones digitales representa un retroceso en materia de derechos. “Opinar no es un delito”, recalcaron, y recordaron que “la libertad de expresión no solo protege ideas cómodas, sino también aquellas que incomodan al poder”.
El caso pone sobre la mesa una creciente tensión entre regulación financiera y derechos fundamentales en Bolivia. En un país donde millones discuten a diario temas económicos, la gran interrogante que queda es: ¿hablar del dólar en redes sociales puede llevarte a la cárcel?