Sentencia por caso Chaparina busca proteger a exautoridades
Luego de conocerse la sentencia sobre el caso Chaparina, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, aseguró que este fallo intenta proteger a “gente pesada” del Movimiento al Socialismo (MAS), liberando de culpa a exautoridades responsables por las violaciones de Derechos Humanos, por lo que desde la oposición se exige un proceso a las verdaderas cabezas detrás de estos hechos.
El parlamentario representante de la Sede de Gobierno, manifestó su rechazo por esta determinación de la justicia por haber dejado de lado las responsabilidades de autoridades que acusadas por haber ordenado la represión a la marcha indígena en 2011.
En este sentido, Astorga denunció que nuevamente se demuestra la manipulación de la justicia en beneficio de intereses oficialistas, en este caso, para librar de responsabilidad a el entonces ministro Sacha Llorenti y al expresidente Evo Morales.
“Esta sentencia demuestra que se está protegiendo a la gente pesada del Movimiento al Socialismo como el señor Sacha Llorenti, quien debería ser el primero en ser investigado y procesado por haber sido el comandante en esta represión”, afirmó.
Señaló que desde la oposición se hará un seguimiento al proceso y los anuncios de apelación expresados por distintos sectores tras conocer sobre esta sentencia, en la que se sanciona con penas menores solo a parte de los responsables por estos hechos.
“Sacha Llorenti y Evo Morales, los que han encabezado todo esto, deberían ser los primeros en ser investigados y procesados porque el pueblo boliviano todavía recuerda la represión, por lo que exigimos que primero se procese a las cabezas y posteriormente a otras personas”, indicó.
El legislador de CC adelantó la petición de ampliaciones en las investigaciones en el marco de su labor fiscalizadora como asambleísta nacional, esto por haberse excluido a autoridades que tienen responsabilidad por la violación de derechos humanos en 2011.
“Vamos a pedir una ampliación de la investigación, tenemos la posibilidad como diputados de pedir eso y vamos a acudir a la justica para pedir esta ampliación correspondiente porque es necesario que se amplíe hacia Morales y Llorenti”, afirmó Astorga apuntando que no se puede permitir sancionar solo a funcionarios de bajo rango.
Sobre este tema, el alcalde municipal de La Paz, Iván Arias, cuestionó la determinación judicial, rechazando que nuevamente se evidencie un direccionamiento de la justicia que beneficia a unos en desmedro de otros.
“La justicia es ciega para algunos y tiene los ojos abiertos para otros. Cualquier sentencia que se saca es absurda. No entiendo cómo es que los culpables no están y los que no son culpables sí. Una vez más queda demostrado que la justicia no está actuando como tiene que ser, está actuando bajo el dedo político y a mandato de algunos que quieren tener presos a uno y libres a otros”, dijo en declaraciones a ANF.
Desde el oficialismo, el diputado Juanito Angulo, negó los cuestionamientos sobre la reciente determinación judicial, afirmando que las investigaciones y todos los actuados de la justicia se enmarcaron en el “debido proceso”.
“Son decisiones en el marco de un debido proceso que se ha realizado desde el Órgano judicial, estableciendo responsabilidades, en este contexto respetamos la determinación de esta instancia”, declaró el parlamentario.
La madrugada del viernes, el Tribunal Décimo de Sentencia en lo Penal, dictó sentencia contra tres exjefes policiales responsables de la violenta intervención a la marcha de indígenas del Tipnis del 25 de septiembre de 2011, condenando a tres personas, mientas que otras dos fueron absueltas.
El general Oscar Muñoz Colodro fue condenado a dos años y ocho meses de privación en el penal de San Pedro, como autor de los delitos de incumplimiento de deberes, allanamiento de domicilio, vejación y tortura, y privación de libertad.
De la misma forma, Luis Alberto Zapata y Carlos Remberto Flores, recibieron condena de dos años y ocho meses por allanamiento de domicilio, vejación y tortura, además de privación de libertad.
Edwin Ponciano Durán y Henry Terrazas resultaron absueltos. El sexto acusado en este caso, el coronel Ricardo Cadima, quien falleció en el transcurso del proceso.
Fuente: El Diario.