El MAS confiscó $us 3.000 millones a gobiernos subnacionales y universidades

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En la presentación de la norma que devuelve 40% de los recursos que el Movimiento Al Socialismo (MAS) confiscó a Universidades, municipios y gobernaciones, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, informó que en 11 años, de los 14 que estuvo en el Gobierno, retuvieron 3.000 millones de dólares, que debían ser destinados a educación y salud.

La Ley de Hidrocarburos 3058, establece que el 32% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de la producción y comercialización de hidrocarburos deben ser destinados a salud, educación y caminos, y el 100% a programas y proyectos de inversión pública, recursos que fueron confiscados discrecionalmente por el MAS.

La Ley 767 fue una medida política para dejar sin dinero a los gobiernos subnacionales y universidades, cuyo destino debía ser la salud de las entidades territoriales autónomas, denunció el Ministro de Economía y Finanzas Públicas.

Con el argumento de invertir en proyectos de exploración y explotación hidrocarburífera, el Gobierno del MAS y el ahora candidato a la presidencia Luis Arce Catacora, confiscó en 11 años casi 3.000 millones de dólares a los municipios y universidades, recursos que debían ser destinados a salud y educación, señala la autoridad.

“La Presidenta Jeanine Añez promulgó la Ley que permite la devolución del 40% de recursos que serán invertidos en la lucha contra el Covid-19. Se ha realizado la devolución de estos recursos a Universidades, Municipios y Gobernaciones para cubrir parte de los ingresos y confiscaciones que fueron realizados tanto por el candidato Arce Catacora, como ex Ministro y el Gobierno del MAS, en más de 11 años”, declaró el Titular de Economía.

La autoridad recordó que la Ley 767 del 11 de diciembre de 2015, autorizó la creación de un Fondo de Explotación y Exploración Hidrocarburífera confiscando el 12% de recursos del IDH a Universidades, Municipios y Gobernaciones.

“Estos recursos que se destinaban en su mayor parte a salud y educación, después de 5 años que no fueron utilizados, se conserva en una cuenta del Banco Central de Bolivia, lo que demuestra que la Ley

767 fue una medida política para dejar sin dinero a las entidades territoriales autónomas”, declaró Parada.

La autoridad dijo que no es la única confiscación de Luis Arce Catacora, para dejar sin recursos a las Entidades Territoriales Autónomas, toda vez que desde el 2008, mediante Decreto Supremo y Ley expresa, realizó una confiscación de este Fondo de casi 3.000 millones de dólares.

La Ley establece que los recursos deben ser desembolsados en el plazo máximo de 15 días calendario, a partir de la promulgación de la normativa y será la Asamblea Legislativa Plurinacional quien fiscalice la ejecución de los recursos asignados a la lucha contra del Covid-19.

El Diario