Denuncian que diputado Barral incumple sentencia ejecutoriada y no paga deuda de $us 7.000

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El abogado Humberto Rodríguez denunció el jueves que el diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, incumple una sentencia ejecutoriada del 13 de noviembre de 2017 que dispone el pago de una deuda de 7.000 dólares, más intereses, a favor del demandante Hernán Mariscal.

«Existiendo una sentencia ejecutoriada en su contra, este señor no ha dado cumplimiento y eso es lo raro que un legislador no cumpla hasta hoy», señaló el abogado del demandante.

De acuerdo con la sentencia ejecutoriada por el Juzgado Público Civil y Comercial 19 de la ciudad de La Paz, se dispone «actos de ejecución forzosa, con el trance y remate de los bienes embargados o por embargarse del demandando Amilcar Bladimir Barral Cabero».

Según la parte resolutiva, con el dinero de los bienes de Barral se debe cancelar al demandante, Hernán Antonio Mariscal Mendivil, la cantidad de 4.200 dólares, más intereses convencionales y costas procesales.

«Debiéndose en ejecución de la sentencia a tiempo de la liquidación respectiva, si es que existiere, reconocerse y deducirse justos y legítimos pagos que se hubiere realizado», reseña la sentencia.

En esa línea, Rodríguez indicó que sumados los intereses convencionales y costas procesales, Barral debe cancelar 7.000 dólares.

Reveló que lo «raro» es que Barral no tiene bienes inscritos, por lo que reprochó que eluda el pago de la deuda con argucias referidas a que «pagará en unos días o un mes».

Sostuvo que acudió a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, sin embargo lamentó que esa instancia no pueda procesar su denuncia porque no corresponde a su tuición.

«Yo no sé a dónde más acudir, ojalá este señor siente un poco más de cabeza y en su condición de legislador cumpla una sentencia que está ejecutoriada», insistió.

A juicio de Rodríguez, en su condición de legislador Barral debe ser el primero en cumplir la ley y no postergar la cancelación de una deuda contraída hace siete años.

Consultado sobre la denuncia, Barral dijo «ni me he enterado», posteriormente asumió que la deuda corresponde a 2012 cuando administraba una empresa familiar, la que -según él- debe asumir el pago.

«¡Que reclame donde tenga que reclamar!», arguyó al cuestionar la denuncia pública siete años después de una deuda de la que -a su juicio- «no tiene nada que ver», a pesar de que existe una sentencia ejecutoriada en su contra.

«Que me denuncien donde quieran, me tiene sin cuidado», desafió al reiterar que es un caso del 2012 y que -según él- «no es ningún delito».

Está denuncia se suma a una investigación iniciada por la Fiscalía Departamental de La Paz contra Barral por los delitos penales de amenazas, extorsión, cohecho pasivo y coacción, después de que fue sindicado de apropiarse de parte de los salarios de algunos servidores públicos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a quienes amenazó e insultó a través de audios que se hicieron públicos. También fue remitido a la Comisión de Ética.

clm CAMBIO