TCP desmiente «especulaciones infundadas» sobre posible habilitación de Evo Morales y rechaza injerencia política
- El Tribunal Constitucional Plurinacional asegura que sus decisiones se basan en la Constitución y jurisprudencia internacional, negando cualquier acuerdo político para prolongar mandatos o modificar fallos.
En un comunicado oficial emitido este miércoles, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó categóricamente las versiones que lo vinculan con un supuesto intento de negociar la habilitación del expresidente Evo Morales a cambio de blindar la prórroga de mandato de sus magistrados. El magistrado Decano, René Yván Espada Navía, calificó estas afirmaciones como «especulaciones infundadas» y reiteró que la institución tiene como misión «velar por la supremacía de la Constitución y garantizar el respeto a los derechos fundamentales».
La polémica surgió tras la circulación de un reporte no oficial que sugería que magistrados del TCP habrían condicionado un eventual fallo favorable a Morales a la aprobación de una ley que respaldara la continuidad de sus funciones más allá del plazo establecido. «Lamentamos que, en pleno proceso electoral, algunos actores políticos intenten arrastrar al TCP a sus disputas con afirmaciones carentes de fundamento», declaró Espada.
El Tribunal enfatizó que sus resoluciones se rigen exclusivamente por el marco constitucional y los tratados internacionales, citando expresamente la Opinión Consultiva 28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que avala la limitación de mandatos presidenciales. Con esto, el órgano busca despejar cualquier sospecha de parcialidad o influencia externa en su labor.
La aclaración del TCP llega en un contexto de alta tensión política, donde sectores opositores y cívicos habían expresado preocupación ante la posibilidad de que el Tribunal modificara su fallo de 2017, que inhabilitó a Morales para postularse a una nueva reelección. La institución cerró su pronunciamiento subrayando su compromiso con la independencia judicial y el Estado de Derecho, instando a los actores políticos a «privilegiar la serenidad y el respeto a las instituciones» en el actual escenario electoral.