Magistrados autoprorrogados del TCP negocian habilitación de Evo Morales a cambio de blindaje e inmunidad

Magistrados que buscan extender su mandato hasta 2028 estarían negociando con el equipo jurídico de Evo Morales para habilitarlo como candidato presidencial.

Información obtenida por la RED DTV revela que los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) estarían analizando habilitar la candidatura de Evo Morales, si el oficialismo en la Asamblea Legislativa les garantiza impunidad mediante una ley que valide su prórroga y sus sentencias emitidas desde el 1 de enero de 2024.

Prensa Libre

Los magistrados, encabezados por Iván Espada (Pando) y Gonzalo Hurtado (Beni), buscan que se apruebe una norma que declare constitucional su continuidad en el cargo más allá de su mandato vencido y que amplíe su permanencia hasta el año 2028. La ley también debería blindarlos jurídicamente, asegurando que sus fallos y acciones no puedan ser revertidos ni procesados.

Fuentes cercanas a la negociación aseguran que, en paralelo, los magistrados mantienen contacto directo con el equipo jurídico de Evo Morales, quienes les habrían ofrecido inmunidad política y prórroga si acceden a emitir un auto constitucional complementario a la sentencia 1010/2023. Esta nueva disposición ordenaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitar a Morales como candidato presidencial.

De confirmarse, esto implicaría un intercambio de favores políticos ilegítimos, donde la habilitación de un expresidente inhabilitado por la Constitución serviría como moneda de cambio para asegurar la permanencia de autoridades que ya no tienen mandato.

Los magistrados autoprorrogados que están en el centro de esta polémica son:

  1. Gonzalo Hurtado Zamorano – Magistrado por Beni
  2. Iván Espada Navia – Magistrado por Pando
  3. Isidora Jiménez Castro – Magistrada por Santa Cruz
  4. Lorena Gallardo – Magistrada por Cochabamba
  5. Julia Elizabeth Cornejo – Magistrada por Tarija

La situación vuelve a colocar en el centro del debate la crisis institucional y la falta de independencia del TCP, cuestionado por mantenerse en funciones sin respaldo legal y por su cercanía con el oficialismo.