Instituciones de la sociedad civil denuncian violaciones a la Constitución en proceso de preselección de candidatos para cargos judiciales
Instituciones de la sociedad civil denuncian que el proceso de preselección de candidatos para los máximos cargos judiciales en Bolivia, como el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, viola varios preceptos de la Constitución Política del Estado.
Según la Fundación Jubileo, la Alianza OCD Bolivia, UNITAS, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Ruta de la Democracia, la Comisión Mixta de Constitución encargada del proceso pone en riesgo el Estado de Derecho y manipula el oficialismo para mantener en el poder a autoridades judiciales sin idoneidad ni independencia.
Estas instituciones realizaron un análisis del Reglamento de preselección de candidatas y candidatos aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se evidenció la violación de varios preceptos de la Constitución, como el principio de legalidad, objetividad, igualdad, publicidad, transparencia y meritocracia.
Por ejemplo, el artículo 20 del reglamento excluye a postulantes que en el ejercicio profesional hayan realizado patrocinio/defensa a personas involucradas en cierto tipo de delitos, lo cual vulnera la prohibición de discriminación y la garantía de defensa.
Además, el reglamento viola los derechos políticos, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de los potenciales postulantes, al excluir su participación por ser o haber sido dependientes de organizaciones no gubernamentales que conformen el control social del proceso de selección de autoridades judiciales de la presente gestión, o por haber expresado posturas políticas de manera pública.
Estas instituciones también observan que el reglamento vulnera el derecho a la publicidad y transparencia al prohibir que el equipo de asesoramiento que acompañará a la Comisión Mixta de Constitución en el proceso de evaluación de los postulantes, pueda realizar declaraciones públicas, lo cual alienta el secretismo, la subordinación, el cálculo y el control político en la Asamblea Legislativa Plurinacional que evidencian la falta de independencia de los poderes del Estado. El proceso de inscripción de candidatos y candidatas ha iniciado este miércoles, a pesar de las denuncias de las instituciones de la sociedad civil.