La CIDH anuncia que observará la reforma judicial en Bolivia este año

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA estuvo en Bolivia la anterior semana para hacer seguimiento al cumplimiento de las 36 recomendaciones que hizo el GIEI, el grupo de especialistas que investigó los sucesos de 2019. El comisionado Joel Hernández, quien es el relator para Bolivia, habló con Página Siete sobre ese trabajo e informó que la CIDH cumplirá, este año, un papel de observación a la reforma judicial de Bolivia para acercar la justicia del país a los estándares interamericanos. “Nos ponemos a disposición del Estado, de la sociedad civil, de todo actor, de proveer operaciones de asistencia técnica”, dijo. El año pasado se avanzó en la reparación de víctimas y para éste el objetivo es la justicia.

¿Cuál es el porcentaje de avance en la aplicación de las recomendaciones que hizo el GIEI respecto a los hechos del 2019 en Bolivia?

No puedo hablar de porcentajes. Esta visita nos ha servido para recopilar información, tenemos todavía que avanzar en nuestro trabajo con el propósito de poder elaborar un informe de avance de cumplimiento.

Hablamos con una de las representantes de las víctimas y nos dijo que de las 36 recomendaciones sólo se había cumplido una, que era la reparación económica. Si bien no puede hablar de porcentajes, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado boliviano y de los diferentes actores respecto a las recomendaciones?

El tema de las reparaciones es un rubro importante dentro de las 36 recomendaciones del GIEI. Éste es un rubro al cual la Mesa de Seguimiento (Meseg-Bolivia) le ha dado una prioridad, precisamente, porque se encuentran en el centro personas afectadas. Aquí hay avances significativos, sobre todo se ha podido entregar asistencia humanitaria a las víctimas de Sacaba y Senkata; no obstante, todavía falta avanzar en otras medidas que forman parte de la reparación integral y una parte importante de nuestro trabajo es colaborar con las autoridades del Estado en la conceptualización del universo de víctimas. Entonces, es un proceso en curso donde hay avances, pero que debemos nosotros también identificar los pendientes para impulsar su cumplimiento.

Otro de los ejes del informe es la preocupación por la falta de independencia de la justicia en Bolivia. De hecho, sigue siendo una preocupación. ¿Usted qué ha podido percibir al respecto, se ha avanzado en alguna reforma, en algo que dé respuesta a esta dependencia de la justicia boliviana hacia el poder político, sin importar quién esté en el poder?

Éste es un tema de preocupación transversal en el Estado y en la sociedad boliviana y no es un tema nuevo, es un tema de preocupación a lo largo del tiempo y, como usted bien dice, independientemente del partido que se encuentre en el Gobierno. Yo creo que esto es uno de los temas donde hay mayor consenso nacional sobre la importancia de avanzar en una reforma judicial que tiene el objetivo último de lograr la independencia judicial como un elemento fundamental de toda democracia. En nuestro plan de trabajo, hemos dividido las recomendaciones entre rubros. Primero le hablaba de las reparaciones, el segundo rubro son las investigaciones y el tercer rubro son las reformas estructurales, donde está incluida la reforma judicial. En este primer año de funcionamiento del mecanismo nos hemos concentrado en reparaciones e investigaciones, pero en el segundo año del mecanismo de seguimiento tendremos que profundizar en el tema de reforma judicial y ahí será la oportunidad para conocer más en detalle cuáles han sido las iniciativas que se han avanzado y poder formular recomendaciones para avanzar en la reforma judicial.

El Gobierno pretende llevar al país a una nueva elección judicial para que la gente elija por voto popular a los magistrados de las altas cortes. Sin embargo, la sociedad civil, sobre todo un grupo de juristas independientes, consideran que primero hay que hacer la reforma. ¿Usted qué diría al respecto?

La Comisión es muy respetuosa del marco constitucional de todos los países. Creemos que compete a autoridades y sociedad poder llevar a cabo las reformas constitucionales en la conformación de sus poderes públicos. Lo que para la Comisión es importante es que esta reforma judicial avance hacia una independencia judicial que sea acorde a los estándares interamericanos en la materia. La Comisión, junto con la Corte Interamericana, ha venido desarrollando ciertos estándares que todo sistema de Justicia debe observar para que pueda ser independiente, imparcial e íntegro, y ése va a ser el ojo de la comisión, poder acercar estos estándares a las diferentes autoridades y actores que participan en este proceso y nuestra observación será a la luz de esos estándares.

¿Eso no paralizaría el proceso de las elecciones judiciales que están en curso? ¿Se tendría que avanzar con las dos cosas en paralelo?

No debe entorpecer el trabajo de seguimiento por la realización de un proceso de reforma judicial, porque nuestro rol tiene simplemente el carácter de observación. Entonces, vamos a observar cada uno de los pasos que vayan tomando; desde luego este proceso forma parte de la naturaleza de la comisión, nos ponemos a disposición del Estado, de la sociedad civil, de todo actor, de proveer operaciones de asistencia técnica. Estamos listos para acercar estos estándares, socializarlos y poder acompañar este proceso tan importante con esta mirada de la normativa interamericana.

¿Y usted ha visto voluntad política del Gobierno para poder impulsar una reforma? Porque hasta el momento no se ha avanzado en ese tema.

Yo, lo que siento es que hay una plena conciencia de la necesidad de avanzar en esa reforma, siento que es una conciencia auténtica. Entiendo que como todo proceso político que involucra a diversos poderes públicos siempre es complejo y, aquí, la exhortativa de la Comisión es que se avance en esa voluntad política para poner de acuerdo a los distintos actores. Tiene que haber una mirada de altura, pensar en lo que es mejor para Bolivia como país en su conjunto y sin ningún afán partidista poder encontrar el mejor sistema de justicia porque éste va a beneficiar absolutamente a todas las personas. Un sistema de justicia independiente va a beneficiar a cualquier Gobierno que se encuentre en el poder en cualquier momento.

Usted dice que hay que acercar la justicia boliviana a los estándares interamericanos. No conocemos de otro país que no sea Bolivia donde haya elección popular de altos magistrados. ¿Usted recomendaría que se mantenga este tipo de elección o que se cambie?

No es un tema donde la Comisión entre a opinar, es un tema absolutamente del dominio doméstico. Lo importante es que esto sea a través de un proceso democrático, es algo que nos parece fundamental. Cada uno de los países tiene distintos sistemas de elección y la Comisión no entra a calificarlos, lo que sí hacemos es un trabajo constante de ver que todo el sistema judicial avance hacia la independencia, acorde a estándares bien establecidos.

Una de las recomendaciones era cambiar el tipo penal del terrorismo y otros por ser amplios; sin embargo, estos tipos penales están siendo utilizados para juzgar a Jeanine Añez y a Luis Fernando Camacho, ¿qué opina sobre el tema?

Son dos temas distintos. Uno, efectivamente, el informe del GIEI establece la recomendación al Poder Legislativo de llevar a cabo la revisión de los tipos penales de sedición, de terrorismo y de financiación al terrorismo. Nosotros hemos tomado nota que, por una sentencia del Tribunal Constitucional, el delito de sedición ha sido expulsado del Código Penal; hay una tarea pendiente, que es adecuar el tipo penal de terrorismo y financiación al terrorismo a estándares internacionales, porque el GIEI observó que son tipos con una descripción demasiado amplia y vaga que impide poder adecuar la conducta realizada al tipo penal. Ése es un tema pendiente que compete al Legislativo, porque es el órgano encargado de producir las leyes, pero tampoco hay que descartar el rol del Tribunal Constitucional. Un tema distinto es el de los procesos que se siguen en contra de la señora Añez y del señor Camacho; quiero destacar que la mesa de seguimiento tiene como mandato observar los hechos acaecidos en un período, que es del primero de septiembre al 31 de diciembre (de 2019), y ahí la recomendación número 5 del GIEI es muy clara, hay un llamado a que todos estos procesos sean acordes al debido proceso y que se respeten las garantías judiciales de las personas acusadas.

Representantes de Añez y Camacho se reunieron con la mesa y seguramente indicaron que en esos casos no se respeta el debido proceso. ¿Qué les dijo usted? ¿Cuál es la respuesta de la Comisión a la denuncia de estas dos personas encarceladas?

Todo caso, en cualquier parte del continente, puede llegar a conocimiento de la CIDH. Será en ese estadio, cuando una petición individual llegue al sistema de casos y peticiones, cuando la Comisión puede hacer las valoraciones de los hechos y determinar las violaciones a los derechos humanos que, de ser el caso, hubieran sucedido.

Bolivia sigue polarizada. ¿No cree que esto tiene que ver con que las recomendaciones no se cumplieron?

No me atrevo a decir que hay un incumplimiento del informe del GIEI. Parte de nuestro trabajo es ir midiendo el cumplimiento. Yo no siento que el informe en sí mismo sea un factor de polarización; al contrario, algo que encontré con una gran satisfacción es que existe pleno conocimiento del informe, es un documento de referencia. Creo que también existe aquí un consenso nacional para avanzar en el cumplimiento; entonces, puede ser un factor que ayude a recomponer el tejido social.

Otra de las recomendaciones era que se proteja el derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo ha visto este derecho?

No hemos llegado a ese análisis, le soy muy sincero. No ha estado dentro de los rubros que hemos priorizado, ése es un tema que sigue el relator especial para la libertad de expresión.

¿Hasta cuándo la comisión hará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del GIEI?

El acuerdo celebrado en marzo del año pasado contempló dos años con la posibilidad de renovarlo a un tercer año. Tenemos que avanzar en este plazo de dos años, hacer un corte de caja para ver el nivel de cumplimiento y de ahí determinar los pasos siguientes, ver si hay necesidad de continuar en una tercera etapa. Lo más importante es que podamos ver avances, ése es el interés de todo el mundo y en eso hay expectativa de que en el informe del medio término y el final podamos ver que hay avances.

¿Hay un plazo para cumplir las 36 recomendaciones?

No hay un plazo como tal, hay un compromiso que valoramos mucho del presidente Arce de dar cumplimiento pleno a las 36 recomendaciones. A partir de este compromiso, la Comisión ha venido realizado su trabajo con todas las facilidades que nos otorga el Estado, pero me parece que el espíritu del mecanismo es poder ver avances sustantivos en la mayoría de las recomendaciones. Algunas son de largo alcance por su propia naturaleza, como la reforma judicial que en sí misma es un proceso largo.

Usted hará observación a la reforma judicial. El Gobierno ha dicho que hará asesoramiento (a la elección judicial), eso ha levantado susceptibilidades de algunos actores de la oposición que han expresado dudas respecto a su imparcialidad. ¿Qué puede decir al respecto?

En la ocasión que tuve de reunirme con el Ministro de Justicia puse a su disposición el trabajo que ha realizado la Comisión Interamericana en la elaboración de estándares de independencia judicial. Esa cooperación y asistencia técnica forma parte del mandato de la mesa. Uno de los componentes es poder otorgar esa cooperación y asistencia técnica. Éste es un mandato general que tiene la Comisión para Bolivia y para los 34 Estados miembros de la OEA; lo hacemos todo el tiempo, es una de nuestras atribuciones y le damos una gran importancia, no acordamos ninguna forma de colaboración específica. Simplemente puse a disposición el apoyo de la Comisión.
“Nos ponemos a disposición del Estado, de la sociedad civil, de todo actor para dar asistencia técnica”.
“Hay un llamado a que estos procesos sean acordes al debido proceso y que se respeten las garantías”.

Fuente: Pagina Siete