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Gabriela Zapata enfrenta nuevo juicio por presunta trata de menores y suplantación de identidad

  • La audiencia se posterga por ausencia de la fiscal y del expresidente Evo Morales

En una jornada llena de tensiones legales, Gabriela Zapata, protagonista de uno de los escándalos más sonados en 2016, se presentó hoy ante el Tribunal Cuarto de Sentencia en lo penal. En esta ocasión, la ex pareja del expresidente Evo Morales enfrenta un juicio por el presunto delito de trata de menores y suplantación de identidad, específicamente, por intentar hacer pasar a un niño como el hijo del exmandatario.

Sin embargo, la audiencia, prevista para dilucidar los detalles de este caso, se vio abruptamente postergada. La ausencia tanto de la fiscal del caso como del propio Evo Morales, según argumentaron los abogados involucrados, dejó en suspenso el inicio de este proceso legal.

Kalef Clemor, abogado defensor de Zapata, aseguró que su representada está decidida a llevar el juicio de manera expedita para demostrar su inocencia. Denunció posibles intentos de dilatar la audiencia hasta el próximo año, pero logró que se postergara únicamente hasta el 4 de diciembre.

En una escena que no pasó desapercibida, el abogado Manolo Rojas, representante de una coacusada en el caso, destacó el poder económico de Gabriela Zapata al llegar al tribunal acompañada de escolta privada y cuatro abogados. Además, señaló que Clemor ocupó el cargo de Subprocurador del Estado hasta hace poco.

Rojas argumentó que la ausencia de Evo Morales, a quien se notificó para comparecer, fue la razón detrás de la suspensión de la audiencia. En su intervención, hizo énfasis en la inocencia de su cliente, Pilar G., supuesta tía de Zapata, alegando que solo fue imputada por llevar alimentos a la celda de la expareja de Morales.

El abogado reveló que el caso involucra a un total de nueve acusados, enfrentando la posibilidad de una pena de 25 años de cárcel, según las solicitudes del Ministerio Público.

Gabriela Zapata, quien saltó a la notoriedad en 2016 por la revelación de un certificado de nacimiento de un supuesto hijo con Evo Morales, así como por acusaciones de tráfico de influencias en favor de la empresa china CAMC, ya tiene un historial judicial. En 2017, fue condenada a 10 años de cárcel por movimientos económicos sin justificación, uso indebido de oficinas estatales y la posesión de un título profesional falso. No obstante, en 2021 fue puesta en libertad.

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