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Activan medidas de protección para la niña embarazada y admiten denuncia de la Defensoría

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El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, habló este viernes por primera vez sobre el caso de la niña de 11 años embarazada producto de violación de su abuelastro. El hecho consterna en Bolivia y agita el debate sobre el aborto desde hace varios días atrás.

Actualmente, la niña se encuentra en un centro de acogida de la Iglesia católica, que le ofreció ayuda para preservar el derecho a la vida de ella y el bebé, luego de que su familia decidiera que continúe con el embarazo pese a que inicialmente pidió la interrupción legal.

Lanchipa informó este viernes que el Ministerio Público activó los mecanismos de protección de la niña a través del «Programa de protección de víctimas, testigos, denunciantes y miembros del Ministerio Público», con la intervención del Ministerio de Salud, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

“Se ha instruido que, por la naturaleza del hecho cuya víctima es una niña, el presente caso se atienda con la debida diligencia con una supervisión directa de la Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil”, agregó el Fiscal general, en una conferencia de prensa en Sucre.

Consultado sobre la interrupción legal del embarazo, Lanchipa no precisó la posición de la Fiscalía, pero solicitó que se “tomen los recaudos para establecer su situación física y psicológica”.

“En resguardo de la integridad física y psicológica, el Ministerio Público a través de la unidad de protección de víctimas, ha solicitado al Ministerio de Salud, en coordinación con el Sedes y la Defensoría de la Niñez, se hagan presente en el lugar donde esté la víctima y tomen los recaudos para establecer su situación física y psicológica”, precisó.

Denuncia de la Defensoría

El Fiscal general informó también que fue admitida la denuncia de la Defensoría del Pueblo en contra de quienes impidieron la interrupción legal del embarazo de la niña de 11 años.

“La Defensoría del Pueblo ha presentado una denuncia por los delitos de incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de constitucionalidad, trata de personas con fines de guarda y adopción. Esta denuncia ha sido admitida por la Fiscalía departamental de Santa Cruz”, explicó Lanchipa.

Agregó que la demanda fue presentada “contra autor o autores”, por lo que las investigaciones buscarán la “individualización” de estas personas y se realizarán los requerimientos necesarios.
Imputado y detenido preventivamente

El Ministerio Público imputó al abuelastro de la niña de 11 años por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente y solicitó su detención preventiva, que actualmente cumple en el Penal de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz.
Fuente: Correo del Sur

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