Chaparina: Defensa de las víctimas se indigna por la sentencia y pide juzgar a Evo Morales y a su gabinete
Después de 11 años de la represión violenta a la Marcha por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz condenó la madrugada de este viernes a dos años y ocho meses de prisión a tres generales de la Policía y absolvió de toda culpa a otros dos.
La condena por los delitos de incumplimiento de deberes y allanamiento, vejaciones y torturas y privaciones de libertad recayó solo en miembros de la Policía y no en autoridades del gobierno de Evo Morales, quienes deberían ser juzgados y condenados, según la activista de derechos humanos Olga Flores, en una entrevista con Correo del Sur Radio FM 90.1.
“Debía ser primero juzgado y luego condenado el presidente Evo Morales, quien fue que dio la orden, por intermedio del ministro de Gobierno (en ese entonces, Sacha Llorenti)”, indicó Flores.
Recalcó que en el Órgano Ejecutivo de esa época había un “gabinete chico” que respondía fielmente a Morales, ya que también había “gente digna” que renunció ante la represión a los indígenas.
Para la activista, la sentencia de este caso “ha convalidado que la Policía puede cometer abuso y actos delincuenciales”. “Yo creo que toda Bolivia debe estar indignada”, señaló.
“Una masacre”
El exdirigente del Tipnis Fernando Vargas también habló en Correo del Sur Radio FM 90.1 y, en la misma línea de Flores, indicó que se debe involucrar en este caso no solo a Morales, sino a todo su gabinete ministerial.
“No era simplemente una intervención, era una masacre que tranquilamente es un genocidio, que se estableció en esos momentos a la cabeza de Evo Morales”, denunció Vargas.
El 25 de septiembre de 2011, la Policía intervino la Marcha Indígena que protestaba por la intención del gobierno de Morales de construir una carretera por el corazón del Tipnis. Los movilizados fueron reducidos y maniatados con cintas masquin, detenidos temporalmente y los niños fueron alejados de sus padres. Entre los procesados estaba el exministro de Gobierno Sacha Llorenti, pero la justicia lo dejó fuera.
Correo del Sur