Arturo Murillo responsabiliza al gobierno del MAS por el crecimiento de cocales en Bolivia

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El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, responsabilizó al gobierno del MAS (2006-2019), por el incremento de cultivos de coca en distintas regiones del país.

La autoridad asumió esa postura, este miércoles, tras conocer el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) que da cuenta que entre 2018 y 2019, la superficie de cultivos de coca en Bolivia aumentó en 10%, es decir, subió de 23.100 a 25.500 hectáreas

«Siguiendo la lógica del informe 2019, el Gobierno de Evo Morales creó políticas para incentivar la producción de coca ilegal a través de protección a la producción excedentaria», afirmó la autoridad.

Murillo sostuvo que en los últimos 14 años, el narcotráfico en Bolivia invadió las estructuras del Estado, en todos sus niveles, a través del largo periodo de «aparente bonanza económica» y la relativa armonía en las zonas productoras.

Recordó que el anterior Gobierno, a través de la Asamblea Legislativa controlada por el MAS, aprobó la Ley General de la Coca, lo que permitió el incremento plantaciones de 12.000 a 22.000 hectáreas.

La norma, promulgada en marzo de 2017, permite un máximo de 22.000 hectáreas, es decir, 14.300 hectáreas para La Paz (Yungas) y 7.700 para Cochabamba (Chapare).

En criterio del Ministro, en los últimos cinco años de vigencia de las estrategias de «autoregulación y el control social», las plantaciones de coca se incrementaron en algunas regiones y en otras se mantuvieron los mismos niveles de producción.

Es así que las tareas de reducción de plantaciones ilegales de coca, en el anterior Gobierno, se quedaron en el discurso, pues hay «productores que aparentemente se sometían a la ley y un Gobierno que aparentemente hacia cumplir la ley», enfatizó Murillo.

A su juicio, los mayores productores de coca y cocaína se beneficiaron con políticas de incentivos por parte del gobierno de Morales, porque el 97% de la hoja del trópico de Cochabamba se desviaba a la actividad ilícita.

«Estos datos presentados por la UNODC, no los podemos validar nosotros, en la gestión de la presidenta Jeanine Añez, porque no hemos hecho seguimiento y no hemos estado de acuerdo con el manejo que ha hecho el anterior Gobierno», enfatizó la autoridad.

Sin embargo, destacó la labor de la UNODC pues en su informe da cuenta de varios datos que permiten al actual Gobierno despejar dudas y proyectar acciones sobre las plantaciones de coca.

«El trabajo que nos presentan es valioso, pero creemos que es hora de ir más allá y hacer nuestro propio trabajo a través de un sistema de monitoreo (…) y así validar la información que nosotros soberanamente produciremos para orientar nuestras políticas», agregó.

DEA/lm/ ABI