Gobierno deja en manos del Tribunal Constitucional la decisión final de las elecciones judiciales
El Gobierno de Bolivia decidió dejar en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la decisión final sobre las elecciones judiciales, luego de haber suspendido el proceso. El Ejecutivo sugirió buscar un “acuerdo nacional” entre todos los actores políticos que permitan garantizar hasta el 31 de diciembre a los nuevos magistrados.
La suspensión del proceso se debió a que el reglamento y la convocatoria debieron ser aprobados mediante una ley tal como ocurrió en el proceso de 2017. El ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, informó que el vicepresidente David Choquehuanca tiene 15 días para prestar su posición como presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional respecto a la decisión asumida.
Una vez que se concrete el pronunciamiento, el TCP debe emitir una sentencia constitucional que va a “blindar por completo” el proceso que fue paralizado por segunda vez. Estimó que en un plazo de 45 días se podría emitir una respuesta de los magistrados.
Lima consideró que la transformación de la justicia debe ser por los dos tercios de voto con un “gran acuerdo nacional” en el que todas las fuerzas políticas garanticen al país la elección de los nuevos representes del Órgano Judicial.
Con los plazos aun reducidos tras ser la segunda ocasión en la que se suspendió el proceso judicial, Lima dijo que se tienen siete meses para que los actores políticos se pongan de acuerdo y lograr una transición de los actuales magistrados el 1 de enero de 2024.
Entre las posibilidades que se podrían analizar en el debate es que por la vía control de constitucionalidad y convencionalidad u otros elementos que puedan incluso suspender el voto popular de las elecciones judiciales. El objetivo es garantizar al pueblo boliviano dos derechos que son fundamentales: tutela judicial efectiva y acceso a la justicia.