Orden de aprehensión contra Evo Morales: Siete meses de dilaciones y contradicciones del Gobierno
- Ministro del Castillo ha esgrimido múltiples argumentos para justificar la inacción policial, mientras la Fiscalía insiste en la vigencia de la orden judicial.
La orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales, emitida por un juzgado de Tarija el 2 de octubre de 2024, sigue sin ejecutarse siete meses después, pese a las reiteradas declaraciones de las autoridades judiciales. El caso, que inicialmente lo vinculaba al delito de estupro y luego a trata y tráfico de personas, ha estado marcado por contradicciones en las versiones del Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y por la resistencia de los seguidores del líder cocalero.
La Fiscalía insistió en múltiples ocasiones sobre la existencia de la orden. El 3 de octubre de 2024, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, confirmó públicamente el mandato judicial, pero una filtración habría frustrado los operativos. Los abogados de Morales denunciaron persecución política, mientras el gobierno evitaba actuar.
A pesar de las reiteradas declaraciones de la Fiscalía —que el 17 de diciembre imputó formalmente a Morales, junto a Idelsa Pozo y Emeterio Vargas—, el ministro Del Castillo negó en un principio la recepción del documento. Sin embargo, días después, el 23 de diciembre, aseguró que la Policía actuaría «de inmediato» y con «precisión milimétrica».
Las excusas se multiplicaron con el tiempo. En enero, Del Castillo acusó a Morales de buscar «confrontación» y victimizarse, mientras postergaba la captura. El 10 de febrero, anunció un operativo «inminente», advirtiendo posibles enfrentamientos en Lauca Ñ, el bastión del exmandatario. No obstante, la acción nunca se concretó.
Este viernes, el ministro volvió a cambiar su relato: primero minimizó los bloqueos de los simpatizantes de Morales —llamándolos «palitos»— y luego afirmó que la orden les llegó recién el 17 de marzo, lo que supondría una cuarta versión judicial no cumplida.
La demora genera cuestionamientos. Mientras la justicia tarijeña insiste en la validez de las órdenes, la falta de acción policial alimenta dudas sobre la voluntad política del Ejecutivo. Con cada nuevo plazo incumplido, el caso se enreda más en un laberinto de declaraciones y evasivas.
Hasta ahora, ni la Fiscalía ni el Ministerio de Gobierno han dado una explicación clara sobre cuándo —o si— se procederá con la aprehensión. Mientras tanto, Evo Morales sigue en libertad, resguardado por sus bases, y el Estado boliviano enfrenta un creciente escepticismo sobre su capacidad —o disposición— para hacer cumplir la ley.