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Tribunal Supremo rechazó reducción de sentencia

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La petición de reducción de sentencia en recurso de casación presentada por Gabriela Zapata, quien debe cumplir 10 años de prisión por delitos de enriquecimiento ilícito, además de Cristina Choque y Jimmy Morales Cuba, fue rechazada por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

La expareja del presidente Evo Morales recurrió a la máxima instancia del sistema de administración de justicia solicitando la reducción de condena de 10 años de cárcel, dictada en mayo de 2017, apelación que mediante auto supremo Nº 147/2019 fue declarada inadmisible y dispone su notificación las partes.

“La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 26 de marzo de 2019 ha emitido el Auto Supremo 147/2019 – RA, en el cual declara dentro del plazo establecido la inadmisibilidad del recurso de casación presentado por la ciudadana Gabriela Geraldine Zapata Montaño. Este Auto Supremo se funda en que el recurso de casación se hubiese presentado sin fundamentarse en un antecedente jurídico contradictorio”, explicó el magistrado Olvis Eguez en conferencia de prensa ofrecida en la ciudad de Sucre.

Además de estas inobservancias por parte de la representación legal de Zapata, la autoridad judicial también extrañó la falta de relación entre ese precedente y el auto de vista que tendría que haberse impugnado.

De igual forma, la Sala Penal del TSJ observó el incumplimiento de condiciones para la formulación de la petición, así como la supuesta vulneración de derechos fundamentales que motiven la flexibilización de la sentencia en instancia de casación.

Eguez remarcó que en cumplimiento del objetivo de uniformar la norma, determinó emitir el Auto Supremo de inadmisibilidad, lo que impide abordar los aspectos de fondo formulados en la apelación.

Dentro del proceso que involucra a la empresa china CAMC, también eran peticionantes Ricardo Abelardo Alegría Salgueiros, Walter Zuleta Buitrago, abogado de Zapata, y Carlo Marvin Ramírez Aramayo, también condenados por formar una asociación para el enriquecimiento ilegal incurriendo en legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.

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