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Víctimas y Gobierno acuerdan procesar a Añez por dos vías

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Después de más de 26 horas de reunión, las víctimas de Senkata y Sacaba y el Gobierno acordaron ayer impulsar procesos contra la expresidenta Jeanine Añez por las dos vías: mediante juicios ordinarios y de responsabilidades. Ello por los hechos luctuosos de 2019, informó su representante David Inca.

Al final del encuentro, cuando Inca fue consultado sobre el tema, respondió que se determinó impulsar los procesos por “las dos” vías. “Juicio ordinario para los ministros, comandantes de Ejército y el juicio de responsabilidades (para Jeanine Añez), que va también por cuerdas separadas”, afirmó Inca.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, confirmó que las víctimas de El Alto y Cochabamba, en la reunión, solicitaron que se continúen los procesos contra Añez por ambas vías.

“Han señalado la necesidad de que se continúe con el proceso que en este momento enfrenta por la vía ordinaria a los responsables, como el caso de la presidenta de facto (Jeanine) Añez y también en el caso de juicio de responsabilidades”, indicó la autoridad.

En ese marco, agregó que las víctimas buscan reunirse con los representantes de la Asamblea Legislativa para abordar este tema y hacer seguimiento al mismo. Sin embargo, no se dio a conocer una fecha exacta del eventual encuentro.

Lo que sí se acordó fue una reunión, para el 5 de noviembre entre el Órgano Ejecutivo y las víctimas, para que el Ministerio de Justicia informe sobre el avance de los juicios contra Añez. También se pedirá un informe a la Fiscalía General del Estado.

El punto seis del pliego petitorio, consensuado entre las víctimas de Senkata y Sacaba, señala: “Pedir al Fiscal General inicie el juicio de responsabilidades contra la Sra. Añez, sus ministros y sus comandantes del Ejército y de la Policía por los delitos descritos en el informe Masacres y Asesinatos. RALP N° 86/2019-20, de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa”.

En la Asamblea Legislativa, hay cuatro proposiciones acusatorias contra Añez que deben ser tratadas en la Comisión Mixta de Justicia y que luego deben ser remitidas al pleno del Legislativo para la respectiva autorización del juicio de responsabilidades.

Las cuatro proposiciones acusatorias son por los casos: Senkata y Sacaba, crédito del Fondo Monetario Internacional, Fundempresa y el decreto supremo que supuestamente vulneró la libertad de expresión durante la pandemia.

Ayer, la Sala Cuarta Penal del Tribunal Departamental de Justicia suspendió la audiencia de apelación, en la que debía definirse si Añez es juzgada por la vía ordinaria o por caso de corte, por la designación de una gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), en mayo de 2020.

La decisión que tome esa Sala será de vital importancia para determinar si la expresidenta es juzgada sólo por la vía ordinaria, lo que dejaría de lado los cuatro requerimientos acusatorios de juicios de responsabilidades que están en la Asamblea Legislativa, según la defensa de Añez.

“Si la Sala Cuarta Penal del Tribunal Departamental de Justicia ratificaría la decisión que se tomó en primera instancia, esto abre la posibilidad de que los juicios de responsabilidades ya no tengan sentido o puedan ser ordinarizados. (…) Estaríamos ante el quebrantamiento del Estado de derecho”, indicó el abogado Alain de Canedo.

Acuerdos

De los 22 puntos de su pliego, se descartaron los relacionados con el pedido de puestos laborales con sueldo de 5.000 bolivianos, 10.000 bolivianos para gastos de sepelio y 50.000 bolivianos para todos los heridos.

Se descartaron, según los representantes, por el compromiso del Gobierno de aprobar un decreto supremo para la otorgación de préstamos estatales en la línea del “crédito sí Bolivia”, con un interés del 0,5% favor de todas las víctimas.

Según el acuerdo suscrito, ese decreto se emitirá en noviembre, cuando se cumpla dos años de los hechos luctuosos.

En la próxima reunión, programada para el 5 de noviembre con el fin de revisar el avance de los procesos, se tocará el tema del plan de “reparación integral” a favor de las víctimas, el cual, según Inca, tomará en cuenta a los que han sido torturados y detenidos.

“La marcha valió la pena por el tema de justicia, ya tenemos un avance y nos vamos a volver a encontrar el 5 de noviembre y ahí vamos a pulir algunos temas que todavía están pendientes”, manifestó el también representante de la denominada Asamblea de Derechos Humanos de El Alto.

Por su lado, la ministra Prada subrayó que el Gobierno impulsará, siguiendo los estándares internacionales, un plan integral de reparación a las víctimas.

“Esto pasa por algo fundamental que es el censo de las víctimas como lo establece en sus recomendaciones el informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes)”, afirmó Prada. Agregó que en la reunión del 5 de noviembre se empezará a trabajar el plan, con cronograma y plazos para su cumplimiento.

Mientras Prada e Inca atendían a los periodistas en el pasillo de ingreso al edificio de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, donde se llevó a cabo del diálogo, el grupo de 33 personas que llegaron de Sacaba salían del recinto, cargando sus aguayos y mochilas, rumbo a Cochabamba.

Pagina Siete

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