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Evo Morales acusa al Gobierno de usar el caso Cáceres como excusa para intentar capturarlo en el Chapare

El exmandatario sostuvo que la estrategia busca provocar convulsión social y postergar la segunda vuelta del 19 de octubre.

El expresidente Evo Morales denunció este viernes que el Gobierno intentó aprovechar la aprehensión de su exviceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, como pretexto para ingresar al Chapare y detenerlo. Según dijo, el objetivo sería generar conflictos sociales y así posponer la segunda vuelta electoral programada para el 19 de octubre.

Prensa Libre

“Ese caso está totalmente montado (…) Después nos informan que vienen 30 policías de inteligencia de La Paz a detener al Evo. (Era) para convulsionar el país y con ese motivo postergar las elecciones”, afirmó Morales.

La semana pasada, Cáceres fue aprehendido en un predio de la provincia Carrasco (Cochabamba), donde operaba un laboratorio de cristalización de cocaína. No obstante, la Justicia dispuso su detención domiciliaria con salida laboral y sin custodio.

Morales también sugirió que el operativo se enmarca en una estrategia política con varios fines:

  • Desviar la atención de los casos de corrupción y violencia familiar vinculados a los hijos del presidente Luis Arce.
  • Respaldar ante la ONU la política antidrogas del Gobierno, presentando la captura de Cáceres como un “logro”.
  • Abrir paso a la prórroga del mandato de Arce, en línea con un proyecto legislativo impulsado por un senador del ala androniquista que planteaba suspender a los vocales del TSE.

El exmandatario aseguró que, tras la captura de Cáceres, oficiales de la Policía le advirtieron que más de 30 agentes de inteligencia habían sido enviados desde La Paz para aprehenderlo y que incluso había medios de comunicación listos para cubrir el hecho.

Finalmente, Morales acusó al Gobierno de deteriorar la imagen del Trópico de Cochabamba, presentándolo como un centro de narcotráfico sin mostrar resultados claros. Propuso al ministro de Gobierno, Roberto Ríos, realizar un operativo en la región con la ONU y la Unión Europea como garantes para verificar la existencia de fábricas de droga.