Legisladores de oposición y oficialismo se unen en respuesta a restricción en interpelaciones ministeriales
- Voces de diferentes fuerzas políticas se alzan ante la declaración de guerra institucional tras la suspensión de facultades legislativas.
En una inusual muestra de unidad, legisladores provenientes de distintos sectores del espectro político boliviano se preparan para enfrentar lo que consideran una «declaración de guerra» institucional.
El disparador de esta reacción conjunta es la reciente decisión del vocal Israel Campero, perteneciente a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien admitió el recurso presentado por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en busca de suspender las interpelaciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional (APL) mediante una Acción de Amparo Constitucional.
Esta medida cautelar ha puesto en jaque la capacidad del Legislativo para fiscalizar a los ministros del gabinete presidencial a través de las interpelaciones, generando una respuesta contundente por parte de legisladores de distintos partidos.
Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), no dudó en calificar la situación como un «gravísimo atentado» contra las bases y la institucionalidad de la Asamblea y la democracia del país. «Es una declaración de guerra que tendrá que tener una respuesta, por parte de todas las fuerzas democráticas de la Asamblea, a la altura de este atentado», expresó Alarcón en un comunicado a la Agencia de Noticias Fides (ANF).
Por su parte, Renán Cabezas, representante del Movimiento Al Socialismo (MAS), compartió la convicción de que los legisladores «dignos» se unirán en una acción conjunta para reclamar y restituir el derecho de fiscalizar a las autoridades del gabinete presidencial a través de las interpelaciones. «Vamos a apelar, vamos a presentar un recurso al respecto, porque no puede ser que nos cuarten el derecho constitucional a poder interpelar a los ministros», señaló Cabezas en una entrevista exclusiva con este medio.
En medio de este escenario, surge la pregunta de cómo reaccionará el Tribunal Constitucional Plurinacional y cuál será el desenlace de esta tensa situación que coloca en el centro de la arena política la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Mientras los líderes políticos buscan estrategias para preservar la facultad de fiscalización parlamentaria, la atención se enfoca en la dinámica y las decisiones que marcarán los próximos días en la vida política de Bolivia.