Ley de arraigo atenta contra tres derechos y abarcará a 4 Órganos

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“No estamos eximiendo a nadie: el Ejecutivo, el Órgano Electoral, Judicial y el Legislativo, igual estamos inmersos en esta ley”, dijo el presidente de Diputados.

La llamada “ley del arraigo” atenta contra los derechos de la presunción de inocencia, el debido proceso y la libertad de circulación. Las disposiciones de ese proyecto de ley, que está en tratamiento en el Legislativo, abarcarán a las autoridades de los cuatro órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y  Electoral.

“No estamos eximiendo a nadie: el Ejecutivo, ministros, Órgano Electoral, Órgano Judicial, y el Órgano Legislativo igual estamos inmersos en esta ley. Ninguno de nosotros puede salir tres meses del país,  una vez que concluya su gestión”, sostuvo Sergio Choque, presidente de Diputados.  

No obstante, emergieron varias voces que consideran que ese proyecto atenta contra derechos garantizados por la Constitución Política del Estado (CPE): la presunción de inocencia (artículo 116), el debido proceso (artículo 115) y la libertad de “circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país” (artículo 21).  

Uno de esos pronunciamientos fue el de la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que expresó que el proyecto  “transgrede los estándares internacionales de derechos humanos”.

“La rendición de cuentas es fundamental, pero su realización no debe violentar la presunción de inocencia y el debido proceso, ni colocar una restricción indebida al derecho a la libertad de circulación que incluye la potestad de toda persona a salir libremente de su país”, se lee en el tuit que emitió al respecto esa misión.  

La diputada Lourdes Millares, en contacto con Página Siete, manifestó que la “ley de arraigo”   es “inconstitucional”, puesto que transgrede derechos   que están garantizados en la CPE, y   disposiciones que Bolivia se comprometió a  dar cumplimiento  cuando suscribió documentos como  la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Millares indicó que los derechos vulnerados por el proyecto son requisitos esenciales para la vigencia del Estado de Derecho. La legisladora agregó que esa iniciativa legislativa genera inseguridad jurídica dentro del territorio nacional, porque no se puede presumir culpabilidad en lugar de la inocencia.  

“El riesgo es que en un futuro Bolivia sea sancionada por la aprobación de este proyecto. Es un funesto precedente para la democracia, para el Estado de Derecho y deja muy mal parado al país ante la comunidad internacional, desde el punto de vista del cumplimiento de tratados”, aseguró Millares.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia  Arturo Yáñez manifestó que el proyecto de ley  forma parte de las “normas de urgencias”,  que está aprobando el MAS en esta coyuntura, y que en varios casos  esas iniciativas van incluso en contra de la CPE, que el mismo partido azul impulsó en su momento. 

El jurista agregó que el MAS tiene claro que en el próximo periodo de la Asamblea Legislativa Plurinacional   no va a tener una mayoría holgada que le permita  aprobar  leyes sin tener que consensuar o negociar.  

El investigador social Roberto Laserna manifestó que la ley de arraigo “parece basarse en la experiencia del MAS, pero presupone culpabilidad en todos y les priva de libertad”. “Como es habitual, el bochorno no les inmuta”,  tuiteó.

Ante las críticas por el tratamiento de esa ley en el Legislativo, Sergio Choque, presidente de la Cámara Baja, indicó: “No estamos vulnerando ningún derecho, solamente estamos precautelando los intereses del país”.

 El legislador, no obstante, manifestó que el partido azul no se cierra a reunirse con representaciones internacionales  que defienden los derechos humanos.  “No nos cerramos, estamos dispuestos a reunirnos con la ONU, la CIDH, para explicarles cuál es el objetivo, el espíritu de esta ley que ya se ha aprobado”, manifestó Choque. 

/Pagina Siete/