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Opositores apuntan investigar a ministro César Cocarico

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Los opositores apuntan investigar al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, porque es responsable de autorizar el asentamiento humano en la región de la Chiquitanía del departamento de Santa Cruz. Piden a la Contraloría General del Estado que realice una auditoría a todos los trámites para la dotación de tierras a grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

El diputado de unidad demócrata, Amílcar barral, dijo que esa cartera de estado, a través del instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), autorizaron el asentamiento de militantes del partido oficialista en Roboré, donde está la comunidad Túpac Amaru. Los comunarios de la región denunciaron sobre el asentamiento ilegal, después de una evaluación se identificó el incumplimiento de función social de la tierra y revocaron el permiso.

“Hicieron decretos y leyes para beneficiar a sectores afines al MAS, se ha politizado la entrega de tierras y aquí hay responsables y uno de ellos es César Cocarico que ha encubierto a su hermano y a funcionarios del INRA. Incluso informaron que hay de 150 funcionarios de esa repartición que son investigados por tráfico de tierras y ninguno fue encarcelado”, resaltó el opositor.

El pasado lunes, Cocarico justificó el asentamiento humano en ese sector con el argumento que es para garantizar la producción de alimentos y abastecer la demanda del mercado interno. Además advirtió que el traslado de grupos sociales a la localidad de la Chiquitanía continuará, dijo que es una discriminación prohibir el ingreso de gente del occidente y que hacerlo sería retornar a la situación que se produjo en el 2008.

Tras sostener ayer una reunión con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y de Defensa, Javier Zabaleta, el presidente Evo Morales instruyó que se realice una pausa ecológica que prohíbe la reventa de terrenos en la zona afectada por incendios.

ASENTAMIENTOS

La diputada de Unidad Demócrata, Eliane Capobianco, denunció que el INRA entregó de forma ilegal 48 resoluciones de asentamiento a la federación sindical única de trabajadores campesinos de Santa Cruz, por el que solicitó un informe para certificar que cumplen con los requisitos necesarios para señalar la función social de los terrenos.

Hasta la fecha no hubo una respuesta por la ABT y el INRA, las autoridades de ambas instituciones se limitaron a callar e indicar que están recabando la información. La legisladora advirtió que iniciarán una demanda penal contra estos por incumplimiento de deberes y otros delitos.

El 29 de abril, el INRA entregó 48 resoluciones de asentamiento y seis resoluciones de dotación de tierras en Santa Cruz a favor de comunidades indígenas, originarias y campesinas afines al partido oficialista. En esa oportunidad, Roly Yujra, director general de administración de tierras del INRA, dijo que la dotación es legal y cumple con el mandato del artículo 35 de la Constitución Política del Estado.

El comité cívico de San Ignacio de Velasco exigió a esta repartición estatal anular la dotación de 130.000 hectáreas de tierras fiscales entregadas a 69 comunidades que no son de esa región. De forma discriminatoria el INRA rechazó 100 carpetas de pobladores de San Miguel.

AUDITORÍA

Su colega opositor, Gonzalo Barrientos, manifestó que es necesario realizar una auditoría a todas las dotaciones de tierra que se realizaron durante los 13 años de gobierno de Evo Morales, ya que se convirtió en una forma de prebendalizar La entrega de terrenos y mantener contentos a sus aliados políticos.

La bancada de UD presentó la solicitud de petición de informe escrito a la ABT y al INRA para que expliquen de forma pormenorizada la dotación de propiedades, cual la finalidad de cada uno de ellos. Además de la afectación de terrenos por los chaqueos y el asentamiento de campesinos.

TRÁFICO DE TIERRAS

El 24 de octubre del 2018, el Tribunal Cuarto de Sentencia de Santa Cruz envió a Rogelio Cocarico, hermano del ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, al penal de Palmasola acusado de estafa agravada a víctimas múltiples.

Según la denuncia, el hermano de Cocarico, junto a otras cinco personas que se hicieron pasar como funcionarios de la empresa Mato Grande, estafaron a los pobladores de la colonia Río Negro (Beni) 200 mil dólares para sanear un desmonte ilegal. Ese monto de dinero sólo era un adelanto del pago de 600 mil dólares exigido para arreglar el lío de tierras.

El diputado Barral, ese no fue el único caso de presiones de parte de organizaciones afines al MAS para el saneamiento de tierras en áreas fiscales, protegidas o forestales.

El 11 de agosto del 2018, la Federación Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz, mediante voto resolutivo, pidió la abrogación del Decreto Supremo que declara al Madidi área protegida y TCO (Tierra Comunitaria de Origen).

El Diario.

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