Ministro de Justicia asegura que no habrá impunidad para juez boliviano del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- El ministro Iván Lima reprocha fallo que obligaría a Bolivia a proveer combustible subvencionado a transportistas extranjeros.
El ministro de Justicia, Iván Lima, hizo una contundente declaración este viernes en la que afirmó que no se permitirá que el juez boliviano del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN), Gustavo García Brito, quede impune. El magistrado avaló un fallo que obligaría a Bolivia a suministrar combustible subvencionado a transportistas extranjeros que ingresen al territorio nacional.
Aunque el ministro evitó mencionar directamente el nombre del juez, se confirmó que se trata de Gustavo García Brito, quien fue elegido como magistrado durante el Gobierno de Jeanine Añez. Lima recordó que el juez ya está siendo procesado penalmente en Bolivia debido a presuntas irregularidades en su nombramiento, y ahora también se le reprocha el fallo emitido en contra del Estado Plurinacional.
Con indignación, el Ministro enfatizó: «Ese juez que ha fallado contra su país sin ningún argumento, sin ningún fundamento y que está siendo procesado penalmente actualmente ante la Fiscalía de la Paz es la clase de profesional que ha escogido Añez para representar al país. Yo voy a continuar con las acciones penales contra este juez».
Lima aseguró que se seguirán tomando medidas legales en contra del juez, más allá de que se prevea representar la decisión del Tribunal a través de la Cancillería. Expresó que la actitud del juez y su accionar en contra del país no quedarán impunes, y que se considera fundamental que las acciones penales en curso continúen su curso. Además, el Ministro destacó que esta situación refleja una serie de nombramientos de profesionales que, bajo el gobierno de facto, parecen actuar en contra del interés nacional.
El juez García Brito ha presentado su renuncia al Tribunal Andino de Justicia, aunque no se proporcionaron detalles adicionales al respecto.
El caso en La Paz, que involucra al juez García Brito y a la excanciller Karen Longaric, se fundamenta en la denuncia de la Cancillería, que alega que el magistrado fue nombrado a través de un funcionario sin calidad de embajador plenipotenciario. En una denuncia presentada ante la CIDH en abril, Longaric negó cualquier irregularidad, argumentando que el funcionario en cuestión era un Encargado de Negocios y no un embajador. Aclaró que no era necesario que un funcionario de rango de embajador estuviera involucrado en la elección de un magistrado del Tribunal Andino.
Este caso continúa generando polémica y repercusiones legales, mientras la sociedad espera respuestas claras sobre la conducta y las decisiones del magistrado en cuestión. El Ministro de Justicia, Iván Lima, ha dejado en claro que se trabajará para que no haya impunidad en este asunto y que la justicia prevalezca en todo momento.