Gobierno culpa a comunidades indígenas y Asamblea por freno a contratos del litio
Ministro Montenegro lamenta suspensión de convenios con Rusia y China, pero evita hablar de impactos ambientales
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, criticó abiertamente este miércoles las medidas cautelares dictadas por la justicia que suspenden el tratamiento de los contratos del litio firmados con empresas de Rusia y China, asegurando que esta decisión representa un «retraso para el progreso» de Oruro y Potosí.
“Estos contratos para la prestación de servicios tecnológicos de esas empresas para la extracción de litio retrasan el progreso”, afirmó el ministro en tono de queja, apuntando sin rodeos a una “postura política” detrás de la acción judicial presentada por comunidades indígenas.
La decisión fue tomada el martes por el juez Edson Villarroel en Colcha-K (Potosí), tras una acción popular interpuesta por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias Nor Lípez, que exige condiciones mínimas como un estudio de impacto ambiental y regulaciones claras sobre la explotación del recurso estratégico.
Lejos de tomar en cuenta estas demandas legítimas, Montenegro culpó también a la Asamblea Legislativa, acusándola de no dar prioridad al tema. “El Gobierno descarga su responsabilidad”, sentenció, aludiendo a que el Ejecutivo ya cumplió con enviar los contratos y promover su tratamiento.
Mientras el Gobierno insiste en avanzar con acuerdos firmados a espaldas de comunidades afectadas y sin garantías ambientales claras, las regiones productoras como Nor Lípez levantan la voz en defensa de su territorio y sus derechos, pese a la presión estatal por acelerar el negocio del litio sin consenso ni transparencia.