Desde 2003, el INRA inició 179 procesos penales contra funcionarios y particulares
Desde 2003, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) inició al menos 179 procesos penales contra funcionarios y terceras personas, por los delitos de falsedad material e ideológica, cohecho, tráfico de tierras, enriquecimiento ilícito y avasallamiento de tierras, entre otros.
De acuerdo con un informe al que tuvo acceso Página Siete, se pudo constatar que el delito más denunciado ante el Ministerio Público fue por avasallamiento, que desde 2008 hasta febrero pasado se cuantificó en 42 casos.
En lo que corresponde a las irregularidades cometidas por funcionarios del INRA, se cuenta que entre 2003 y la gestión pasada, la institución pública inició al menos 32 procesos.
Por ejemplo, el 19 de mayo de 2003, el INRA se querelló contra Óscar Freddy M. C., quien incurrió en el delito de falsedad material. El ahora exfuncionario fue denunciado por recibir cheques correspondientes a cuentas fiscales en el Banco Unión, que no contaban con las firmas del director departamental de La Paz ni del responsable financiero.
Ya en junio de 2006, la institución del Estado inició un proceso penal en contra de Edwin C. A. y Julio César E. H., por el delito de cohecho, al haber recibido bajo su custodia equipamiento por un valor de 40.000 bolivianos, equipos que no fueron devueltos a la unidad de activos fijos, pese a las insistentes solicitudes.
En julio de 2009, el INRA se querelló contra Juan Carlos F. M., por los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado. El funcionario ingresó a trabajar a la entidad estatal con un título de licenciado en Derecho que era falso.
Otro caso de falsedad material y uso de instrumento falsificado involucró a Martín V. C., quien en julio de 2005 ingresó a trabajar al INRA como coordinador y administrador de proyectos, cargo por el que percibía un salario de 13.650 bolivianos.
Para cumplir esas funciones, el empleado debía ser licenciado en el área económica. Martín C. V. presentó una copia simple de título de administrador de empresas. Al verificar la numeración del título en provisión nacional, las autoridades detectaron que el documento correspondía a otra persona, por lo que se querellaron contra el funcionario.
En juicio oral, el 11 de mayo de 2015, Martín C. V. fue condenado a cinco años de privación de libertad en la cárcel de San Pedro, en La Paz, pero se dio a la fuga y no se dio con su paradero.
Los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de bienes, preculado y uso indebido de influencias, entre varios otros, son algunos en los que incurrieron los funcionarios, por los que fueron destituidos y procesados.
Sobre las tierras
En cuanto a los procesos penales iniciados por el INRA en contra de personas ajenas a la institución, la mayor parte de las denuncias están radicadas en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Beni, siendo este último departamento el lugar donde se cometieron más irregularidades referidas a tráfico de tierras y avasallamiento, entre otros.
En uno de los registros se menciona que en el municipio San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, el INRA se querelló contra Johan D. G., por un caso de controversia por tierras fiscales. El caso está en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de San Ignacio.
En otro de los hechos, se cita que en diciembre de 2018 el INRA se querelló contra Patrick T. y Federico M., porque representantes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) denunciaron que dentro de una tierra fiscal operaba la turística Angling Frontiers.
A raíz de ese hecho, una comisión del INRA se presentó en el lugar para constatar y evidenció que la compañía ofrecía paquetes turísticos que incluían pesca deportiva y campamentos.
Los procesos por enriquecimiento ilícito suman ocho casos; la; desobediencia a la autoridad acumula 32 hechos, y casos como concusión, legitimación de ganancias ilícitas, sedición y asociación delictuosa, entre otras irregularidades, llegaron a unos 65 hechos que son investigados.
El INRA es una institución pública que administra el acceso a la tierra, con prioridad para las comunidades indígenas, originarias y campesinas, con el fin de lograr equidad en la tenencia de la tierra y garantizar la seguridad jurídica sobre su propiedad, según la propia estatal.
Pagina Siete.