Choferes desconocen a sus dirigentes y anuncian juicio

Choferes de base de al menos cinco sindicatos de La Paz y El Alto resolvieron desconocer a los dirigentes de la Federación Departamental 1ro de Mayo, iniciar procesos penales y pedir auditorías externas a los recursos transferidos por Vías Bolivia a las cuentas particulares de la cúpula del ente federado.

El representante del Sindicato Eduardo Abaroa, Lucio Quispe, informó que los choferes de base decidieron que en calidad de víctimas formalizarán una denuncia penal ante la Fiscalía por las irregularidades registradas en este caso.

Afirmó además que se pedirá una auditoría externa de los aportes de 20 centavos que hicieron sus afiliados en el peaje de la autopista La Paz-El Alto, la cual será presentada al Ministerio Público.

“Estas son demandas para todo el gremio y no se está peleando para algunos sindicatos, esperemos que los compañeros de base se adhieran a esta lucha (…) y si no hay una respuesta del Gobierno las bases volverán a salir a las calles”, aseveró Quispe.

En un masivo cabildo que ocupó toda la plaza San Francisco y parte del carril de bajada de la avenida Mariscal Santa Cruz, los choferes protestaron por la falta de transparencia en la administración de los fondos, que según información de la recaudadora de peajes estatal, ascienden a más de 15 millones de bolivianos.

“Mientras nosotros nos rompemos el lomo todos los días sin ningún beneficio, Rubén Sánchez, Ismael Fernández, Mario Silva y otros dirigentes se enriquecen con nuestro trabajo, sin dar nada a cambio ni rendir cuentas a nadie”, decía uno de los choferes asistentes al cabildo, realizado ayer al mediodía y que culminó con la quema de muñecos que representaban a los dirigentes.

Cinco puntos

El cabildo, que comenzó con una marcha que bajó desde el Polifuncional de la Ceja de El Alto y culminó con la quema de muñecos que representaban a Sánchez, el secretario ejecutivo de la Federación Andina de El Alto, Víctor Tarqui e Ismael Fernández, determinó exigir cinco puntos.

El primer punto trata de formalizar una denuncia penal, en calidad de víctimas, ante el Ministerio Público, para que se investigue el destino de los recursos recaudados.

El segundo punto consiste en pedir una auditoría externa de los aportes y remitir ese estudio al Ministerio Público. Solicitaron que también se actué en el marco de la Ley Marcelo Quiroga.

El tercer punto, exigir un seguro de vida y salud para los afiliados a la Federación.

En el cuarto se determinó desconocer a los dirigentes de la Federación Departamental 1ro de Mayo y la Federación Andina de El Alto.

Por último, se pidió “voto universal” para la elección de nueva directiva.

Pagina Siete.

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