Afirman que inacción de la Procuraduría benefició a Valencia ante la Corte IDH

La Procuraduría General incumplió con varios ofrecimientos hechos a los demandantes en el caso “(Blas) Valencia, Campos y otros vs. Bolivia” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este hecho derivó en una sanción económica de 800 mil dólares contra el Estado, además de otras medidas jurídicas, como la revisión del caso Prosegur.

En contacto con Página Siete, el abogado del excoronel de la Policía Blas Valencia, Carlos Gómez, informó que hasta el 21 de junio de 2022, cuando se realizó una última audiencia virtual ante los jueces de la Corte IDH, en la que se expuso los argumentos de ambas partes, los representantes de la Procuraduría ofrecieron una conciliación que no se cumplió.

“En esa audiencia se habló de un posible arreglo con una parte de los interesados, pero nunca se dio curso. La Procuraduría ofreció muchas cosas, nada se concretó. Al final fuimos sorprendidos con la sentencia de la Corte IDH”, sostuvo Gómez.

El miércoles, la Corte IDH hizo conocer la sentencia del caso “Valencia, Campos y otros vs. Bolivia”, que señala al Estado como “responsable internacionalmente de violaciones a diversos derechos”, en perjuicio de 26 víctimas involucradas en los allanamientos y detenciones realizadas en el marco de la investigación al atraco de una vagoneta de la empresa Prosegur, que transportaba valores en La Paz, el 14 de diciembre de 2001, y de la que se llevaron un botín de 385 mil dólares.

Las investigaciones determinaron que el clan de 16 integrantes estaba liderado por el entonces coronel Valencia. Eran parte del grupo un mayor de la Policía, un exmilitar, exrreos, ciudadanos peruanos y algunos miembros de su familia. En 2003, la justicia dictó una sentencia de 30 años de cárcel para Valencia sin derecho a indulto.

No hay impugnación

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó el fallo de la Corte IDH de “lamentable”. Dijo que “está incentivando” a que policías “vayan a robar camiones blindados, a disparar a sus camaradas, disparar a la Policía y que luego de unos años sean indemnizados”. En esa línea anunció que presentará una impugnación.

Gómez lamentó la postura de la autoridad y pidió que la población reciba mayor orientación sobre el funcionamiento de la Corte IDH y el sentido de la sentencia en favor de su cliente. Por su lado, el experto en derechos humanos Franco Albarracín criticó las declaraciones de Del Castillo.

“Solo demuestra un claro desconocimiento e ignorancia del ministro sobre los sistemas en materia de derechos humanos. La Corte no avala desde ningún punto de vista una actividad delictiva”, explicó Albarracín.

El abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia explicó que el Gobierno podría solicitar una complementación o explicación del fallo de la Corte, pero que ya no se modificará la sanación que es de obligatorio cumplimiento.

En efecto, el reglamento de la Corte IDH, en el inciso 3 del artículo 31 sobre sus resoluciones señala que “contra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación”.

El especialista Víctor Hugo Chávez señaló que la sentencia puede tener otro efecto. Apuntó que el dinero que el Estado debe pagar a Valencia y otros involucrados por el caso Prosegur también puede ser utilizado para indemnizar a las víctimas de la banda criminal, que hasta la fecha no conoce del fallo.

Pagina Siete

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