Reactivarán proceso contra los choferes por desvío de aportes

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El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias, señaló ayer que se reactivarán los procesos en contra de los choferes implicados en el desvío de aportes de 20 centavos del cobro de peajes en la Autopista La Paz-El Alto.

“Ese caso casi lo habían cerrado, hemos vuelto a abrir el caso de los (cobros de) 20 centavos. Ese caso está reabierto, se va a seguir adelante y vamos a entregar a la Fiscalía toda la documentación”, aseguró Arias, luego de una actividad en El Alto.

En 2004, como resultado de varias protestas y medidas de presión de los choferes, el Gobierno autorizó la rebaja de la tasa de rodaje por la autopista de los vehículos de transporte público, de 1,80 bolivianos a 1,60 bolivianos. La administradora de peajes Toll SA firmó un convenio con la dirigencia del sector, para retener 20 centavos y devolverlos a los choferes para la habilitación de un fondo pro salud.

Sin embargo, en febrero pasado, el por entonces diputado Wilson Santamaría denunció que desde 2008 hasta finales de 2017, los dirigentes de los choferes habían recibido al menos 12 millones de bolivianos provenientes de la retención de 20 centavos de los peajes, recursos que nunca fueron fiscalizados y que los dirigentes gastaron.

El actual viceministro de Seguridad Ciudadana reclamó porque la administración de los fondos contó con transferencias de recursos “irregulares”, ya que los depósitos de Vías Bolivia a los choferes se llevaron a cabo directo a cuentas privadas.

“Dineros que deberían tener un fin, que debían garantizar la salud para los choferes, terminaron en cuentas particulares de dirigentes que, inescrupulosamente, gastaron recursos de los aportantes, en este caso, de los choferes”, indicó el ministro, según la agencia estatal ABI.

Arias se reunió el miércoles 18 de diciembre con el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, para informarle de las denuncias de corrupción presentadas sobre malos manejos y daños económicos al Estado durante la gestión de Evo Morales.

Entre los casos planteados a la autoridad judicial figura el desvío de los aportes de los dirigentes del transporte público, que fueron denunciados ante la Fiscalía Departamental de La Paz, que rechazó iniciar un proceso porque los recursos administrados por la dirigencia sindical no eran del Estado ni este sufrió el daño económico que dice la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Un informe de Vías Bolivia confirma que sólo el dirigente Rubén Sánchez recibió 2,8 millones de bolivianos entre 2015 y 2017, en una cuenta compartida con el secretario de Hacienda de la Federación Departamental de Choferes 1ro. de Mayo, Mario Silva. La misma dirigencia reconoció que parte de ese dinero fue usado para pagar “farras”

Pagina Siete..