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Asamblea de Derechos Humanos ve parcializado el informe de la Alta Comisionada de ONU

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Tras difundir su informe de los hechos de octubre y noviembre de 2019, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) recibió diversas críticas.

Uno de los cuestionamientos vino de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) que criticó dicho informe por tener falencias y ser parcializado, al registrar solo una parte de lo ocurrido el pasado año.

“Queremos expresar nuestro rechazo ante las evidentes falencias, omisiones y errores del documento publicado”, señala el pronunciamiento firmado por Amparo Carvajal de la APDHB y Wilfredo Pomar de Derechos Humanos de La Paz.

El informe de la ONU sostiene que ha documentado diversas violaciones de derechos humanos, incluyendo al derecho a la vida y seguridad, a la libertad, a la prohibición de la tortura y otras formas de maltrato, y al derecho a la libertad de expresión.

La Asamblea de Derechos Humanos señaló que “lamentablemente el informe registra únicamente una parte de los hechos ocurridos durante la crisis poselectoral, ignorando varias violaciones cometidas por el anterior gobierno y grupos irregulares afines al Movimiento al Socialismo”.

“Si bien compartimos el llamado para el esclarecimiento de todas las violaciones en contra de los derechos humanos, consideramos un grave error intentar darle prioridad y mayor importancia a determinados hechos ocurridos durante la crisis”, observa.

La Asamblea de Derechos Humanos consideró que ese aspecto demuestra la falta de credibilidad y objetividad del documento de la ONU.

Tras hacer un repaso de los principales conflictos sociales durante los años de gobierno de Evo Morales y señalar las violaciones a los derechos humanos, apuntó que la Oficina de la Alta Comisionada en Bolivia debe asumir su cuota de responsabilidad en la crisis poselectoral de Bolivia.

Por otro lado, pusieron en tela de juicio el rol de la actual Defensora del Pueblo: “Queremos reiterar de manera pública nuestra preocupación por los intentos de legitimar a la oficina de la Defensoría del Pueblo, una entidad desacreditada por la mayoría de organizaciones de derechos humanos en el país no solo por su evidente relación con el anterior gobierno, sino también por la ilegalidad de su gestión, al haber concluido su gestión hace varios meses”.

Solicitaron de igual modo a los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos adecuar su comportamiento a los estándares internacionales y encaminar sus investigaciones y trabajos con mayor seriedad con el objeto de contribuir al diálogo nacional en este periodo de transición que vive Bolivia.

Erbol

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