TSE denuncia intento de inhabilitar candidatos y advierte riesgo para el proceso electoral
- La Sala Constitucional de Santa Cruz admitió un recurso que busca excluir a candidatos en ejercicio de cargos públicos, pese a una sentencia vigente que lo permite.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) alertó sobre una acción legal que podría alterar el panorama de las Elecciones Generales, al pretender inhabilitar a candidatos que actualmente ocupan cargos electivos sin haber renunciado a ellos. La Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz admitió una acción de cumplimiento basada en el artículo 238 de la Constitución, el cual exige la renuncia previa de funcionarios públicos que postulen a otros cargos, salvo el Presidente y Vicepresidente.
Entre los afectados podrían figurar figuras como Andrónico Rodríguez (senador), Eva Copa y Manfred Reyes Villa (alcaldes), entre otros. Sin embargo, el TSE recordó que la Sentencia Constitucional 032/2019 establece que los cargos electivos no están obligados a renunciar para participar en comicios. «Esta sentencia sigue vigente y debe ser respetada», enfatizó el vocal Gustavo Ávila, quien advirtió que el recurso interpuesto violaría el principio de preclusión y el pluralismo político.
El organismo electoral aseguró que no permitirá alteraciones al calendario electoral ni la vulneración de derechos políticos. Además, confirmó su participación en la audiencia programada para este viernes, donde defenderá la aplicabilidad de la sentencia de 2019. «Es llamativo que este pedido surja ahora, cuando ya hubo dos procesos electorales amparados en esa misma resolución», cuestionó Ávila.
En un comunicado, el TSE instó al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional a honrar su compromiso de garantizar los derechos de participación política, protegiendo tanto a los votantes como a los candidatos. «Cualquier decisión contraria afectaría la estabilidad democrática», remarcó la institución, reafirmando su rol como garante de la voluntad popular.
La polémica pone en evidencia tensiones institucionales en un año clave para Bolivia, donde la seguridad jurídica y el respeto a las normas electorales serán determinantes para la legitimidad del proceso.