Justicia ordena paralizar contratos de litio en Uyuni por falta de consulta a comunidades indígenas
Campesinos de Nor Lípez logran medida cautelar que frena acuerdos con empresas extranjeras por vulneración de derechos colectivos
El juez Edson Villarroel Herrera concedió tutela a los campesinos de Nor Lípez, en el departamento de Potosí, y ordenó la suspensión inmediata de toda acción administrativa y ejecución de obras relacionadas a los contratos firmados entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, y las empresas Uranium One Group y Hong Kong CBC, para la explotación de litio en el Salar de Uyuni.
La resolución judicial instruye a las autoridades demandadas que se abstengan de nuevas acciones hasta que se garantice el cumplimiento de las normas de protección de los derechos humanos, ambientales y de la naturaleza, exigiendo como condición la realización de un estudio integral de impacto socioambiental. Además, el juez ordenó notificar esta medida cautelar a la Cámara de Diputados, instancia que actualmente debate la aprobación de dichos contratos.
La acción popular fue presentada por las comunidades indígenas de Nor Lípez, quienes denunciaron que el Gobierno vulneró sus derechos a la libre determinación, la consulta previa e informada, el acceso al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente sano. Según la demanda, ni el Ministerio de Hidrocarburos, ni YLB, ni la Cámara de Diputados garantizaron el ejercicio efectivo de esos derechos durante la negociación y suscripción de los convenios.
Organizaciones sociales y expertos en temas ambientales han advertido que los contratos impulsados por el Ejecutivo carecen de salvaguardas socioambientales, y que su ejecución podría afectar a al menos 20 comunidades, especialmente en sus actividades productivas, turísticas y en el acceso a recursos hídricos, en una de las zonas más secas del país.
En febrero de este año, el presidente de YLB, Omar Alarcón, admitió que el estudio de impacto ambiental se llevaría a cabo únicamente después de que los contratos fueran aprobados por la Asamblea Legislativa, lo que generó cuestionamientos por incumplir procedimientos previos establecidos en la normativa nacional e internacional.