TSE aprueba nueva cartografía electoral y diputada denuncia «recorte de representación» a la Chiquitania
- La parlamentaria María René Álvarez (Creemos) acusa al Órgano Electoral de modificar circunscripciones para restar peso político a la región, trasladando a San Ignacio de Velasco a otra demarcación.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó este miércoles la nueva cartografía electoral que regirá en los comicios generales del 17 de agosto, generando críticas por supuestas alteraciones en la representación de Santa Cruz. La diputada María René Álvarez denunció que los cambios perjudican a la Chiquitania, trasladando municipios como San Ignacio de Velasco de la circunscripción 54 a la 53, lo que —según ella— responde a un «cálculo político» para reducir influencia en la macrorregión.
«El TSE justifica el cambio con un promedio poblacional frío, ignorando la continuidad territorial y la identidad de nuestras comunidades», afirmó Álvarez. La cartografía divide los 3,11 millones de habitantes de Santa Cruz (según el Censo) entre sus 14 circunscripciones uninominales, pero la parlamentaria insiste en que la medida viola el artículo 146 de la Constitución, que exige afinidad geográfica y respeto a límites departamentales.
Además, señaló otra irregularidad: la comunidad de Piso Firme, históricamente vinculada a San Ignacio, aparece en el mapa del Beni, pese a acuerdos previos que garantizaban su pertenencia a Santa Cruz. «Es un intento de descuartizar la Chiquitania», advirtió, anunciando que solicitará informes detallados al TSE y convocando a la sociedad civil a «estar alerta«.
Cambios en escaños
La Ley 1614 ratificó la distribución de curules: Santa Cruz tendrá 29 diputados, La Paz 29, Cochabamba 19, mientras que Beni y Pando contarán con 8 y 5, respectivamente. Sin embargo, la polémica se centra en la modificación de límites internos, que —según la oposición— beneficiaría al oficialismo.
El TSE defendió que la cartografía se ajusta a datos censales, pero la tensión persiste. Mientras las autoridades electorales insisten en la transparencia del proceso, la Chiquitania se prepara para una batalla legal y política por lo que consideran un recorte a su voz en la Asamblea.